Zapatero solicita a la Audiencia Nacional la exclusión del informe de la UDEF sobre su actividad en Bolivia

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha interpuesto un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para solicitar la extracción de un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) relativo a su mediación ante el Gobierno de Bolivia. La defensa del exmandatario sostiene que dicho documento es el resultado de una «intromisión ilegítima» en su intimidad y constituye una investigación general de carácter prospectivo, prohibida por el ordenamiento jurídico.

El recurso se produce tras la decisión del magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, de rechazar la solicitud inicial de Zapatero para reconsiderar la incorporación de estas pesquisas al procedimiento. El expresidente, investigado en el marco de una causa por presunto tráfico de influencias vinculada a la aerolínea Plus Ultra, argumenta que las sospechas sobre cobros relacionados con el país andino carecen de base judicial y se sitúan fuera del objeto original de la causa.

En el escrito remitido a la Audiencia Nacional, la representación legal de Zapatero denuncia que la UDEF realizó un volcado masivo de información intervenida y procedió a analizarla «sin perímetro alguno». Según el recurrente, esta práctica supone una «prohibida ‘inquisitio generalis'», en la que el investigado se ve sometido a una revisión integral de su vida personal y profesional «allá hasta donde temporalmente alcancen los datos» recabados por la fuerza actuante.

La defensa detalla que la unidad policial analizó de forma pormenorizada los movimientos de su cuenta en el Banco Santander, identificando 174 transferencias procedentes de once pagadores diferentes durante un periodo de cinco años. El recurso subraya que la mayoría de estas operaciones no guardan relación con la empresa Análisis Relevante ni con el empresario Julio Martínez, focos principales de la instrucción, sino que responden a ingresos legítimos por actividades profesionales sobre las que no existen indicios de criminalidad.

Asimismo, el escrito incide en que el uso de información de inteligencia financiera «omnicomprensiva» se realizó sin la debida autorización judicial específica para dichas partidas. La defensa sostiene que la inclusión de los detalles sobre los abonos de la entidad Focus Social Research relacionados con Bolivia obedece a la intención de «abrir futuras líneas de investigación» sobre actividades que no habían sido cuestionadas previamente.

Por todo ello, el expresidente solicita a la Sala de lo Penal que invalide el informe de la UDEF sobre las transferencias de Focus Social por proceder de una «indagación prospectiva» y carecer de una sospecha delictiva previa que justificara la fiscalización de esa faceta de su actividad profesional.