La Comunidad de Madrid solicita a la JEC limitar el censo electoral exterior a quienes acrediten vinculación administrativa
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado este lunes una serie de alegaciones ante la Junta Electoral Central (JEC) con el objetivo de regular la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para los comicios a la Asamblea de Madrid. La administración regional demanda que solo puedan formar parte de este censo aquellas personas que acrediten documentalmente que su ascendiente tuvo su última residencia administrativa en un municipio de la región.
La iniciativa, impulsada por la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, surge tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente las altas automáticas en el censo derivadas de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática para descendientes de españoles. El Ejecutivo autonómico fundamenta su petición en el artículo 7.3 del Estatuto de Autonomía, el cual establece que la condición política de madrileño para residentes en el extranjero requiere haber tenido la última vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid y acreditar dicha condición ante el Consulado de España.
El documento remitido a la autoridad electoral subraya que el registro en un municipio madrileño debe realizarse mediante acreditación expresa y no de forma automática por defecto. En este sentido, la Comunidad de Madrid rechaza la aplicación del criterio de «mayor arraigo», concepto recogido en los acuerdos vigentes de la JEC. Según el Ejecutivo regional, este término es «indeterminado» y entra en conflicto directo con la normativa estatutaria, que exige una vinculación administrativa previa y comprobable.
Desde el gabinete presidido por Isabel Díaz Ayuso han manifestado que el propósito de estas alegaciones es salvaguardar la integridad de los censos electorales y evitar posibles manipulaciones en los registros. Esta postura ya fue adelantada por la presidenta regional durante el pasado Debate sobre el Estado de la Región, en el marco de su estrategia de fiscalización de los procesos de nacionalización y su impacto en el cuerpo electoral.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha señalado que la solicitud busca poner freno a cualquier intento de «adulterar» el proceso electoral. Con esta medida, la Comunidad de Madrid pretende que los derechos de participación política de los descendientes de españoles en el exterior se ajusten estrictamente a la forma determinada por las leyes del Estado y el Estatuto de Autonomía, garantizando la transparencia en las futuras convocatorias a las urnas.
