Zapatero recurre el auto judicial que ordena el rastreo exhaustivo de sus cuentas bancarias
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha interpuesto un recurso de reforma contra el auto dictado por el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. El escrito de la defensa impugna la decisión judicial que autoriza el requerimiento de información detallada a una decena de entidades bancarias sobre los movimientos financieros del exmandatario, su entorno familiar y su secretaría personal.
La representación legal de Zapatero no cuestiona la potestad del instructor para obtener información bancaria, pero solicita limitar el alcance y las formas de la medida. En concreto, el recurso impugna la autorización concedida a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para ampliar las pesquisas de forma autónoma, al considerar que constituye una «delegación en blanco» que podría derivar en una investigación prospectiva y vulnerar derechos fundamentales.
Asimismo, el expresidente solicita acotar el marco temporal de la investigación. La defensa argumenta que el periodo de rastreo no debería extenderse hasta la actualidad, sino limitarse a diciembre de 2025, fecha en la que habrían concluido los flujos financieros descritos en los informes policiales. El recurso también rechaza la inclusión de comunicaciones internas entre las entidades bancarias y los clientes, alegando que tales registros afectan al secreto de las comunicaciones y a la intimidad de terceros ajenos a la causa.
En cuanto a la gestión de la información obtenida, la defensa critica los criterios de depuración de datos. Aunque el auto judicial prevé la apertura de una pieza reservada para evitar filtraciones, el recurso pide que el filtrado de la documentación no quede bajo la responsabilidad material de la UDEF. En su lugar, propone que la dirección de dicha depuración sea asumida por el letrado de la Administración de Justicia bajo supervisión del magistrado, garantizando que se consignen también los datos que resulten favorables a los investigados.
La resolución judicial ahora recurrida tiene su origen en las investigaciones de la UDEF sobre la sociedad Whathefav SL, agencia de publicidad administrada por las hijas del expresidente. Según los oficios policiales, esta mercantil habría actuado como un elemento funcional en una estructura societaria vinculada a Zapatero, recibiendo fondos superiores al millón de euros de diversas entidades. Los informes detallan que 447.095 euros procedentes de dicha sociedad fueron transferidos a las cuentas personales de las hijas del exmandatario.
La causa también involucra a Gertrudis Alcázar, secretaria personal de Zapatero, a quien la policía atribuye un papel relevante en la gestión de la agenda y las comunicaciones de la presunta organización. La investigación puso el foco sobre Alcázar tras detectar la compra de una vivienda en Velilla de San Antonio por 132.055 euros, abonados en cuotas durante dos años y sin necesidad de préstamo hipotecario. Tanto las hijas de Zapatero como su secretaria se encuentran imputadas en el procedimiento judicial.
Ante estos indicios de presunta actividad criminal, el juez Calama acordó solicitar extractos bancarios con el máximo nivel de detalle desde enero de 2020. Con este recurso, la defensa de Zapatero busca paralizar la ejecución de los requerimientos y limitar el escrutinio judicial para proteger, según sostiene el escrito, el derecho a la intimidad y a la protección de datos de los afectados frente al riesgo de difusión masiva de la información.
