La Asociación Zeolandia ha formalizado una denuncia ante la Comisión Europea contra el Reino de España, alegando una «inacción» por parte del Gobierno central durante la crisis migratoria registrada en Ceuta el pasado 30 de julio. La organización sostiene que el Ejecutivo incurrió en una infracción sistemática del acervo de Schengen y de la normativa comunitaria vigente en materia de retorno de ciudadanos de terceros países en situación irregular.
El escrito, remitido a la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior y firmado por la presidenta de la asociación, Inmaculada María Jaén Pérez, sitúa el origen de la reclamación en la entrada irregular de aproximadamente 60.000 personas en un breve periodo de tiempo. Según Zeolandia, ante esta situación de «presión migratoria extrema», las autoridades españolas habrían incurrido en una «omisión manifiesta» de sus funciones de control fronterizo, detención y tramitación de los expedientes de retorno correspondientes.
La denuncia fundamenta buena parte de sus acusaciones en las obligaciones de vigilancia establecidas en el Código de Fronteras Schengen. La organización advierte de que la actuación del Estado español no solo afecta a la seguridad nacional, sino que puede comprometer la integridad del espacio sin fronteras interiores de la Unión Europea al favorecer, según argumentan, movimientos secundarios no autorizados dentro del territorio comunitario.
En el ámbito de los procedimientos jurídicos, Zeolandia denuncia que no se habrían incoado de manera adecuada los expedientes individualizados para las personas que accedieron a Ceuta. El texto cita la Directiva 2008/115/CE y los principios de la propuesta europea para un sistema común de retorno, señalando que España debería haber garantizado tanto la vigilancia efectiva de la frontera como el inicio de los trámites de retorno cuando correspondiera legalmente.
Asimismo, el documento reprocha al Gobierno una supuesta falta de recursos materiales y humanos para hacer frente a la entrada masiva. La asociación alude al régimen especial de Ceuta y a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los rechazos en frontera, recordando que la sentencia 172/2020 avaló este mecanismo siempre que se garantice una aplicación individualizada, control judicial y el respeto a las obligaciones internacionales, condiciones que consideran vulneradas en este episodio.
La denuncia también cuestiona la versión oficial del Ejecutivo sobre las causas de la crisis. Mientras el Gobierno vinculó lo sucedido a una interpretación de las mafias sobre una sentencia del Tribunal Supremo, Zeolandia recoge las tesis de las autoridades locales de Ceuta sobre la posible colaboración de terceros países y la presencia de agentes externos. Por ello, la organización reclama que se esclarezcan las circunstancias y los informes del Ministerio del Interior relacionados con la aplicación de la normativa de extranjería.
Finalmente, Zeolandia solicita a la Comisión Europea que inicie una investigación sobre la actuación de España y requiera explicaciones detalladas sobre los medios desplegados en la frontera. La asociación insta a que, en caso de acreditarse los incumplimientos denunciados, Bruselas traslade el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por vulneración del acervo de Schengen y la normativa de retorno de la Unión.
