La Fiscalía Anticorrupción avala las imputaciones de la expareja de Ábalos y del exalto cargo de Adif

La Fiscalía Anticorrupción ha formalizado su oposición a los recursos de apelación presentados por Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y por Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif. El Ministerio Público ha solicitado a la Audiencia Nacional que mantenga las imputaciones acordadas por el magistrado Ismael Moreno, al considerar que existen indicios suficientes y una motivación jurídica sólida para continuar con la investigación de ambos en el marco de las diligencias actuales.

En el caso de Jésica Rodríguez, el Ministerio Público rechaza el argumento de la defensa sobre una supuesta falta de motivación o la existencia de «cosa juzgada» por haber declarado previamente como testigo en otra causa vinculada al exministro. La Fiscalía sostiene que existen evidencias de una presunta responsabilidad penal derivada de sus contratos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Según los informes remitidos al juzgado, estos contratos podrían haber formado parte de un plan para que la investigada percibiera retribuciones mensuales sin desempeñar funciones laborales efectivas.

Respecto a Ignacio Zaldívar, la Fiscalía insiste en que las pruebas practicadas sugieren su participación en un posible delito de tráfico de influencias. El escrito de alegaciones señala que el exdirectivo de Adif habría actuado como intermediario, trasladando a personal subordinado las presiones recibidas para facilitar la contratación y el mantenimiento de Rodríguez en los puestos mencionados. Para el Ministerio Público, esta conducta justifica su permanencia en el proceso como investigado para esclarecer el alcance de dichas intervenciones.

La postura de la Fiscalía refuerza la instrucción liderada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. El pasado 20 de julio, tanto Rodríguez como Zaldívar fueron citados para prestar declaración ante el juez Moreno, momento en el que ambos optaron por acogerse a su derecho constitucional de no declarar. Con este movimiento procesal, Anticorrupción cierra filas con la tesis judicial que busca determinar si se desviaron fondos públicos o se utilizaron estructuras administrativas para fines ajenos al interés general.

El procedimiento judicial continúa su curso con el análisis de la documentación recabada y las declaraciones de otros implicados, mientras la Audiencia Nacional debe resolver ahora los recursos de apelación de las defensas, contando ya con la oposición formal de la representación de la legalidad pública.