El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar los efectos electorales de la «ley de nietos»
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox, acordando la suspensión provisional de los efectos electorales derivados de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la Ley de Memoria Democrática. Esta resolución afecta específicamente a las altas tramitadas bajo la disposición adicional octava de la citada norma, conocida como «ley de nietos», hasta que se dicte una sentencia definitiva.
El auto judicial establece que las nuevas inscripciones que se encuentren en trámite quedarán suspendidas una vez finalice el procedimiento administrativo correspondiente. Asimismo, para aquellos ciudadanos que ya han sido inscritos en el censo, se suspenderán los efectos de dicha inscripción para cualquier proceso electoral que pueda convocarse en el futuro inmediato. Los solicitantes de la medida han precisado que la impugnación no busca anular las nacionalidades ya concedidas, sino paralizar el alta automática en el censo electoral de los nuevos nacionales.
La decisión judicial ha coincidido con la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha declarado que el Gobierno no comparte la resolución del Alto Tribunal, argumentando que la posición de la administración se alineaba con los criterios previos de la Junta Electoral Central. No obstante, la ministra ha reafirmado la confianza del Ejecutivo en la imparcialidad del sistema judicial y ha defendido la vigencia del Estado de derecho frente a las críticas recibidas por otros miembros del gabinete hacia distintas instancias judiciales.
La adopción de estas cautelares se produce tras las comparecencias celebradas ante la Sección Cuarta de la Sala, donde las partes demandantes expusieron la necesidad de evitar que las inscripciones derivadas de la Ley de Memoria Democrática alteren el cuerpo electoral sin una revisión jurídica de fondo. Las medidas cautelares permanecerán vigentes durante todo el tiempo que dure la tramitación del procedimiento judicial principal.
En otro orden de asuntos, el Consejo de Ministros ha procedido este martes a la desclasificación de los informes sobre los sucesos ocurridos en la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. Según los documentos del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional, existen indicios de una planificación previa y de la participación de elementos uniformados marroquíes en el asalto. Pese a la publicación de estos informes, que estarán disponibles a partir de este miércoles, el Ejecutivo ha mantenido una posición de prudencia diplomática, descartando por el momento el inicio de un conflicto con Marruecos sin el respaldo de pruebas concluyentes.
Esta doble vertiente de actualidad, que afecta tanto a la integridad del censo electoral como a la gestión de las fronteras nacionales, marca la agenda legislativa y judicial del Gobierno tras los compromisos adquiridos por el presidente, Pedro Sánchez, de incrementar la transparencia informativa sobre los informes de inteligencia y seguridad del Estado.
