El Gobierno señala al CNI por la falta de alertas formales previas a la crisis de Ceuta
El Ejecutivo central ha emitido un comunicado oficial en el que cuestiona la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los días previos a la entrada masiva de personas en Ceuta. Según la Presidencia del Gobierno, los servicios de inteligencia no cumplieron con su «responsabilidad y competencia» al no emitir una alerta formal que permitiera dimensionar la magnitud de la amenaza migratoria que finalmente se materializó el 30 de julio.
Desde el Palacio de la Moncloa se sostiene que las comunicaciones remitidas por el CNI el 29 de julio se limitaron a informar sobre convocatorias detectadas en redes sociales. En concreto, el organismo informó de la circulación de mensajes en dos grupos de Facebook que sumaban 180.000 seguidores. No obstante, el Gobierno subraya que esta información ya era conocida por otras instituciones y que no fue presentada como un indicador de escala o de probabilidad prospectiva de una entrada masiva.
La postura gubernamental incide en que los avisos del CNI se realizaron de manera informal, mediante un mensaje y una breve llamada telefónica dirigidos al gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Unidad Central Especial (UCE-3) de la Guardia Civil. Según el comunicado, en ningún momento se envió un aviso formal a la cadena de mando ni a los miembros del Ejecutivo por ninguna de las vías reglamentarias previstas para situaciones de riesgo nacional.
Por su parte, fuentes del Centro Nacional de Inteligencia han aclarado, tras la desclasificación de los documentos, que sus agentes sí emitieron información relativa a la campaña en redes sociales que llamaba al asalto de la valla. Sin embargo, admiten que los informes no anticiparon la magnitud exacta ni la naturaleza del evento que ocurrió al día siguiente. Esta diferencia de criterio sobre la relevancia de la información transmitida centra el actual debate entre la inteligencia y la administración central.
En esta misma línea se ha manifestado el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El representante institucional ha respaldado la tesis de Moncloa al afirmar que las comunicaciones recibidas solo hacían referencia a fenómenos migratorios recurrentes en las semanas previas. Pérez Triano ha recalcado que, si un organismo prevé una entrada de tal envergadura, la obligación es elevar la alerta a las instancias superiores de forma oficial y no limitarse a contactos de carácter técnico o menor.
La desclasificación de estos informes busca arrojar luz sobre la gestión de la crisis, en un contexto donde el Gobierno insiste en que la magnitud de los hechos no podía ser anticipada con la información disponible en los canales de mando oficiales. La controversia institucional se mantiene abierta mientras se analizan los protocolos de comunicación interna entre los servicios de información y los responsables de la seguridad fronteriza.
