Altos cargos de la Administración solicitan traslados para evitar responsabilidades en departamentos bajo investigación
Diversos cuadros medios y altos de la Administración General del Estado han comenzado a tramitar solicitudes de traslado y excedencias ante la creciente presión en departamentos vinculados a investigaciones judiciales por presunta corrupción. Según fuentes internas de la función pública, estos profesionales, que incluyen a subdirectores y técnicos de carrera, buscan evitar el compromiso de su firma en expedientes administrativos cuya legalidad podría verse cuestionada en procesos de instrucción en curso.
La tendencia se manifiesta especialmente en ministerios que gestionan partidas presupuestarias bajo escrutinio o que estuvieron bajo la dirección de cargos de la coalición gubernamental en la anterior legislatura. El fenómeno ha alcanzado un punto en el que los funcionarios optan por puestos de menor rango jerárquico y remuneración —como vocalías asesoras o puestos sin delegación de firma— con tal de quedar al margen de la toma de decisiones que conlleve responsabilidad patrimonial o penal.
Entre las demandas del colectivo destaca la exigencia de una trazabilidad documental estricta. Los trabajadores públicos han manifestado su preocupación ante el incremento de instrucciones verbales por parte de los cargos políticos, una práctica que dificulta el registro de la autoría de las órdenes y deja al funcionario firmante como principal responsable ante posibles auditorías. En este contexto, se han multiplicado las peticiones de garantías para que las matizaciones técnicas de los informes originales no sean alteradas en las versiones definitivas de los expedientes.
La inquietud se extiende a cuerpos de élite como la Abogacía del Estado, la Inspección de Hacienda e ingenieros superiores. El temor principal no reside únicamente en una posible imputación judicial, sino en las consecuencias administrativas inmediatas, como la suspensión de funciones, que supondría la pérdida de su medio de vida. Fuentes conocedoras de esta fuga de personal señalan que el clima de desconfianza se ha agudizado tras detectarse nombramientos por libre designación en puestos técnicos que, según denuncian, carecen del perfil profesional idóneo para la materia.
La situación ha provocado una saturación en la gestión de recursos humanos de varios ministerios, donde el inicio del curso político no ha logrado estabilizar las plantillas. Mientras la actividad judicial se intensifica con constantes solicitudes de documentación a los ministerios, los funcionarios de carrera refuerzan su protección jurídica priorizando la seguridad administrativa sobre la promoción profesional.
Este movimiento interno dentro de la Administración pone de relieve la tensión existente entre la dirección política y el cuerpo técnico del Estado. La figura de la libre designación para los puestos de subdirector hacia arriba está siendo objeto de debate interno, dado que, aunque son cargos de confianza, deben ser ocupados por funcionarios que mantienen su estatuto profesional y su responsabilidad individual ante la ley.
