La gestión de la crisis migratoria en Ceuta, iniciada tras la entrada masiva de personas el pasado 30 de julio, ha comenzado a generar un desgaste institucional significativo en el seno del Gobierno de coalición. Tras un mes de vigencia en la agenda pública, la situación no solo se mantiene como una prioridad política, sino que ha evidenciado discrepancias estratégicas entre los socios del Ejecutivo y una notable falta de coordinación entre los ministerios clave implicados en la respuesta gubernamental.
Fuentes próximas a la coalición señalan una fractura en la comunicación y operativa entre el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, y el Ministerio de Defensa, bajo la titularidad de Margarita Robles. Esta falta de sintonía en el manejo de la crisis ha sido interpretada por sectores de Sumar como una dificultad de la Moncloa para contener el impacto político del suceso. En este contexto, voces críticas dentro del entorno socialista han llegado a comparar la magnitud de este desafío con crisis históricas que han marcado puntos de inflexión para gobiernos previos.
Desde la plataforma Sumar, aunque se ha optado inicialmente por un perfil de prudencia para evitar el señalamiento directo a la gestión de sus socios, se admite una preocupación creciente por la incapacidad de frenar el impacto mediático. Los socios minoritarios del Ejecutivo proponen ahora una estrategia centrada en la exigencia de responsabilidades a los mandos que manejaron la información previa a la entrada de los 80.000 ciudadanos. Asimismo, sugieren la posibilidad de que sectores internos de la Administración hayan podido actuar de forma interesada para debilitar la estabilidad del gabinete.
La crisis institucional se vio intensificada recientemente tras la dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta. Esta renuncia se produjo tras el conocimiento de mensajes vinculados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lo que ha reforzado la percepción en Sumar de que la gestión del relato político está siendo deficiente. A diferencia de crisis anteriores, el Ejecutivo no ha logrado desviar el foco de atención, lo que ha dejado a la coalición en una posición de vulnerabilidad ante la opinión pública.
En el ámbito de las relaciones exteriores, la coalición enfrenta el reto de justificar su política hacia Marruecos. Pese al reciente avance parlamentario para reconocer la nacionalidad española a los nacidos en el Sahara Occidental, formaciones como ERC y Podemos han calificado de insuficiente la firmeza de Pedro Sánchez ante el país vecino. Sumar, por su parte, reconoce la dificultad de explicar esta postura a su electorado, mientras otras fuerzas como Más Madrid señalan directamente al Gobierno marroquí como responsable de la situación en la frontera.
Finalmente, el temor a que el conflicto en la ciudad autónoma se prolongue coincide con un proceso de reestructuración interna dentro de Sumar. Mientras la formación de Yolanda Díaz define su futura candidatura y el relevo en su liderazgo tras su salida, la responsabilidad principal de la crisis de Ceuta recae sobre el ala socialista del Gobierno. Las previsiones apuntan a que la resolución del conflicto no será inmediata, manteniendo la presión sobre la cohesión del Ejecutivo en las próximas semanas.
