La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha formalizado la imputación de tres nuevos trabajadores del Consulado de España en Argel en el marco de la investigación por una presunta trama de tráfico de visados. Con estas nuevas diligencias, el número de personas investigadas judicialmente asciende a seis, incluyendo a personal administrativo y antiguos altos cargos de la legación diplomática.
Los nuevos imputados son Maua Belkacemi, actual secretaria de la jefatura consular, y los administrativos Hocine Malek y Lylia Dricy, encargados de la gestión de documentos. Según fuentes judiciales, los tres empleados, de nacionalidad argelina —aunque la secretaria posee también la nacionalidad española—, continúan actualmente en sus puestos de trabajo a pesar de la gravedad de los delitos que se les atribuyen.
La instrucción dirigida por la magistrada Tardón se centra en la existencia de una presunta «estructura criminal» que operaba en la sede consular facilitando visados Schengen de forma fraudulenta. Los investigadores sostienen que la red exigía pagos económicos que, en determinados casos, alcanzaban los 25.000 euros por familia. Estos fondos eran posteriormente blanqueados en territorio español a través de operaciones de compraventa de vehículos a motor.
La investigación también ha señalado la participación de empresas colaboradoras externas, específicamente plataformas de gestión de citas como BLS. La Audiencia Nacional ha detectado indicios de que personal de estas empresas facilitaba la formación de expedientes y priorizaba de manera arbitraria a los solicitantes que accedían al pago de las mordidas, en detrimento de ciudadanos que cumplían con los requisitos legales por los cauces ordinarios.
Ante el avance de las pesquisas, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha dispuesto el envío de una inspección de servicio al consulado de Argel. El equipo de inspectores tiene prevista su llegada a la capital argelina el próximo 20 de septiembre con el objetivo de auditar el funcionamiento interno de la oficina y tomar declaración al personal laboral para depurar posibles responsabilidades administrativas.
Este procedimiento judicial tuvo su origen en comunicaciones oficiales de la Consejería de Interior de la Embajada de España en Argelia, que alertaron sobre irregularidades en la concesión de permisos de residencia y trabajo. La operación policial, denominada ‘Jazira-Cova’, culminó inicialmente en abril con la detención del entonces canciller de la legación, Vicente Moreno, su esposa y un empleado local.
Los investigados se enfrentan a cargos por presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental continuada cometida por funcionario público, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Por el momento, el ex-canciller Moreno se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares y ha sido reubicado por el Ministerio de Exteriores en la subdirección general de Asuntos Patrimoniales en Madrid.
