El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha manifestado su previsión de que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) no participen en el acogimiento de los menores migrantes que accedieron a Ceuta a finales del pasado mes de julio. Fuentes de la formación descartan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a realizar una interlocución directa con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al considerar que la postura de los ejecutivos regionales populares se encuentra condicionada por sus acuerdos de gobernabilidad con Vox.
Ante la situación de saturación en la ciudad autónoma, el Ministerio de Juventud e Infancia ha diseñado un plan de choque que contempla el traslado urgente de 500 menores a la Península. Esta medida, coordinada con las autoridades de Ceuta, se articula a través de un real decreto-ley destinado a establecer un marco de acogida vinculante para todas las regiones. No obstante, hasta el momento solo las administraciones de Navarra y Asturias, ambas de signo socialista, han confirmado la recepción de grupos reducidos de menores en sus centros residenciales.
Desde la sede de Ferraz se ha cuestionado la gestión del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a quien reprochan no haber solicitado formalmente el apoyo de los barones de su propio partido para facilitar el reparto de los jóvenes. El Gobierno central sostiene que la influencia de Vox en cinco gobiernos autonómicos y su apoyo externo en otros tres impide que el Partido Popular asuma una cuota de solidaridad interterritorial, lo que mantiene bloqueada la descongestión de los recursos asistenciales ceutíes.
La crisis migratoria se remonta a los días 30 y 31 de julio, cuando se registró una entrada masiva de personas en la ciudad autónoma. Aunque la mayoría de los adultos retornaron de forma voluntaria en las primeras 24 horas, el departamento que dirige Sira Rego estima que aún permanecen en Ceuta más de 700 menores a la espera de una plaza residencial. Las cifras totales de personas en situación irregular varían según la fuente, situándose entre las 5.000 que reconoce el Ejecutivo central y las 10.000 que notifican las autoridades locales.
En el ámbito parlamentario, el PSOE insiste en que el procedimiento de retorno debe ajustarse a las labores de triaje y reseña que marca la legislación, subrayando que no es posible realizar devoluciones automáticas sin respetar los derechos fundamentales y el debido proceso administrativo. Esta postura contrasta con la exigencia del Partido Popular de una resolución inmediata de la crisis, mientras se prepara una visita de Alberto Núñez Feijóo a Ceuta junto al presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, con el objetivo de elevar el debate migratorio al marco institucional de la Unión Europea.
Finalmente, la Fiscalía ha reportado la apertura de diligencias por agresiones sexuales en la ciudad tras el incremento de la presión migratoria, lo que ha reforzado la urgencia del Gobierno por trasladar a las menores más vulnerables hacia recursos en la Península. Los socialistas mantienen que, pese al bloqueo técnico denunciado, se continuarán reforzando los mecanismos administrativos para recuperar la normalidad en la frontera sur de manera progresiva.
