El grupo parlamentario Sumar ha manifestado este martes su rechazo a la decisión del magistrado Juan Carlos Peinado de proceder a la apertura de juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Diversos portavoces de la coalición han coincidido en señalar, desde la sede del Congreso de los Diputados, una presunta intencionalidad política y falta de rigor técnico en las actuaciones del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
La portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Verónica Martínez Barbero, ha cuestionado la solvencia de la resolución judicial, señalando que el auto se excede en términos de «seriedad» al incluir referencias a periodos históricos como el reinado de Fernando VII o regímenes totalitarios para fundamentar el delito de malversación. Martínez Barbero ha sugerido que la celeridad y el tono del magistrado, a escasos días de su jubilación forzosa, responden a un intento de realizar un «último servicio a la patria».
En la misma línea, la diputada de los Comuns, Aina Vidal, ha calificado el procedimiento como una estrategia de «hostigamiento público» alineada con intereses de la extrema derecha. Vidal ha criticado la puesta en escena de la instrucción y ha manifestado que el proceso constituye una «vergüenza» institucional, cuestionando la imparcialidad de un magistrado al que ha atribuido una actitud ajena a la objetividad que requiere la función jurisdiccional.
Respecto a la modalidad de juicio con jurado, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha expresado sus reservas sobre la capacidad de este órgano para actuar de forma autónoma. Ibáñez ha advertido sobre la posible influencia de «pseudomedios» y campañas de desinformación en el ánimo de los ciudadanos que integren el tribunal, aunque ha puntualizado que su desconfianza recae de forma más acusada sobre la figura del juez instructor que sobre el criterio ciudadano.
Por su parte, la representante de Más Madrid, Tesh Sidi, ha tildado la instrucción de «chapucera e incompetente», apoyándose en las rectificaciones que instancias superiores han realizado sobre el procedimiento en meses anteriores. Sidi ha defendido la inocencia de Begoña Gómez, calificando la situación de «cacería» mediática y judicial, y ha lamentado que el sistema no haya articulado mecanismos para apartar previamente al magistrado en defensa de la «credibilidad de la institución».
La reacción del grupo parlamentario se produce tras el auto que imputa a Gómez presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, elevando la causa a una fase de enjuiciamiento que contará con la participación de ciudadanos particulares para dirimir la responsabilidad penal de la investigada.
