La justicia tramita 37 causas por agresión sexual en Ceuta durante el último periodo estival
Los órganos judiciales de Ceuta han incoado un total de 37 procedimientos por presuntos delitos de agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre, según revela un informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El documento, del cual ha tomado conocimiento la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces este martes, detalla la actividad de las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la ciudad autónoma durante este intervalo de siete semanas.
De acuerdo con el balance judicial, las diligencias abiertas afectan a un total de 39 víctimas identificadas. El desglose por perfil arroja que 38 de las víctimas son mujeres y una es varón. Asimismo, el informe destaca que 14 de las personas afectadas son menores de edad, lo que supone un tercio del total de los casos judicializados en el periodo analizado.
En cuanto al estado procesal de las actuaciones a fecha de 14 de septiembre, 28 de los procedimientos continúan en fase de tramitación, mientras que ocho han sido objeto de archivo provisional y uno se ha acumulado a diligencias previas anteriores. En las causas que permanecen abiertas, se contabilizan 30 víctimas, todas de sexo femenino, entre las cuales figuran 11 menores de edad.
Respecto a los presuntos autores, el CGPJ indica que los 37 investigados son varones. Hasta el momento del cierre del informe, 19 de ellos han sido plenamente identificados y son mayores de edad, mientras que los otros 18 implicados se encuentran todavía pendientes de identificación por parte de las autoridades encargadas de la instrucción. Desde el órgano judicial se subraya que estas cifras corresponden a diligencias previas y no equivalen a condenas firmes ni determinan por sí solas la procedencia de los responsables.
La publicación de estos datos se produce en un contexto de debate sobre la seguridad en la ciudad autónoma. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se refirió recientemente a la percepción ciudadana como un «sentimiento de inseguridad subjetiva», defendiendo la eficacia del despliegue policial y la agilización de los expedientes de expulsión y asilo. Según datos del Ministerio, se han gestionado más de 5.300 retornos voluntarios y 300 expulsiones judiciales tras la comisión de diversos delitos en la zona.
Paralelamente, la Audiencia Nacional mantiene una investigación abierta, dirigida por la magistrada María Tardón, en relación con la entrada masiva de ciudadanos extranjeros a través de la frontera el pasado mes de julio. Esta causa judicial analiza posibles delitos de ataque contra la integridad territorial de España, organización criminal y homicidios imprudentes, en un escenario de creciente supervisión judicial sobre la gestión fronteriza y la seguridad ciudadana en Ceuta.


