La Comunidad de Madrid interpone una denuncia penal contra el exdelegado del Gobierno por la acampada en Sol
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha formalizado este viernes una denuncia por la vía penal ante el Tribunal de Instancia de Madrid contra Francisco Martín, quien hasta el pasado domingo ocupaba el cargo de delegado del Gobierno en la región. La administración autonómica fundamenta esta acción judicial en la actuación del exdelegado frente a la acampada instalada en la Puerta del Sol desde hace más de un mes, alegando la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, explicó que la acusación de prevaricación se basa en la negativa de la Delegación a proceder al desalojo de la instalación, a pesar de los requerimientos previos realizados por la Comunidad. Según el portavoz, la administración regional considera que el espacio constituye una ocupación ilegal de la vía pública que debió ser intervenida por la autoridad gubernativa competente.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico atribuye a Francisco Martín un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos. Esta parte de la denuncia se sustenta en diversos incidentes reportados en el entorno de la acampada, entre los que el Gobierno regional destaca agresiones sexuales y físicas, tenencia ilegal de armas, delitos de odio y daños contra el patrimonio. El escrito judicial incluye también supuestas amenazas e injurias dirigidas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Este movimiento hacia la jurisdicción penal se produce tras el agotamiento de otras vías jurídicas previas. Anteriormente, la Comunidad de Madrid había interpuesto un recurso contencioso-administrativo solicitando medidas cautelares para el desmantelamiento inmediato del asentamiento. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) denegó dichas medidas al no apreciar la urgencia requerida, sin entrar a resolver en aquel momento sobre el fondo del asunto planteado.
La denuncia coincide con el cese voluntario de Francisco Martín, quien presentó su dimisión el pasado domingo por motivos no vinculados directamente con este proceso. Con la judicialización del caso por la vía penal, será ahora el Tribunal de Instancia de Madrid el encargado de determinar si existen indicios suficientes para iniciar una instrucción formal y depurar las posibles responsabilidades legales derivadas de la gestión de la seguridad y el orden público en el céntrico espacio madrileño.
