Vox anuncia un recurso ante el Tribunal Supremo contra la regularización extraordinaria de extranjeros

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este lunes que su formación política interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo contra la regularización extraordinaria de inmigrantes que el Gobierno prevé aprobar en el próximo Consejo de Ministros. La formación solicitará, de manera simultánea, la suspensión cautelar de la medida con el objetivo de paralizar su aplicación inmediata una vez sea ratificada por el Ejecutivo.

En una rueda de prensa celebrada en la sede nacional del partido, Garriga ha detallado que la impugnación se presentará tan pronto como el real decreto reciba la luz verde definitiva, previsiblemente este martes. El dirigente ha cuestionado el uso de la figura del decreto para llevar a cabo este proceso, calificando la decisión gubernamental como un acto que elude los cauces parlamentarios ordinarios para una medida de tal calado social y jurídico.

Desde la formación argumentan que esta iniciativa supone una «institucionalización» de la inmigración irregular. Según ha manifestado el secretario general, la aprobación de la norma lanza un mensaje al exterior que, a su juicio, incentiva la entrada no autorizada en territorio nacional al vincular la irregularidad con la obtención posterior de permisos de residencia y trabajo.

La acción judicial anunciada por Vox se fundamenta en lo que consideran un «ataque» a la seguridad y al ordenamiento jurídico español. Garriga ha subrayado que su partido no permanecerá impasible ante lo que define como una política de hechos consumados por parte del Consejo de Ministros, e insiste en que la vía del Tribunal Supremo es el cauce necesario para proteger los intereses de los ciudadanos.

Este movimiento jurídico se produce en un contexto de creciente tensión política en torno a la gestión migratoria en España. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de regularizar a trabajadores para integrarlos plenamente en la economía y la sociedad, la oposición encarnada por Vox sostiene que estos procesos generan un «efecto llamada» que tensiona los servicios públicos y la convivencia.