El Gobierno traslada su inquietud al CGPJ tras el procesamiento de Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos

El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha remitido una comunicación formal a la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en relación con las recientes actuaciones del juez Juan Carlos Peinado. Este movimiento institucional se produce de forma simultánea a la decisión del magistrado de procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por la presunta comisión de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

La resolución del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sostiene que existen indicios suficientes para avanzar en la investigación sobre la cátedra universitaria dirigida por Gómez y el desarrollo de un software institucional. En su auto, el magistrado Peinado describe conductas que califica de inusuales en un Estado de derecho, llegando a compararlas con procedimientos de regímenes no democráticos. Asimismo, el juez señala que el apoyo de diversas empresas tecnológicas al proyecto de la investigada podría constituir una forma de retribución encubierta.

Desde el ámbito gubernamental, la Abogacía del Estado ha tenido un papel activo en la estrategia jurídica, elaborando la querella que el presidente Pedro Sánchez presentó contra el juez Peinado por presunta prevaricación. La misiva enviada por Bolaños a la presidencia del órgano de gobierno de los jueces subraya la preocupación del Ejecutivo por el desarrollo del proceso judicial, en un contexto de máxima tensión institucional entre el poder judicial y el ejecutivo.

En paralelo a estos hechos, el presidente del Gobierno ha mantenido su agenda internacional en China, donde se ha reunido con el mandatario Xi Jinping. Durante el encuentro, el líder chino ha manifestado su respaldo a la posición estratégica de España en diversos conflictos internacionales. Mientras tanto, en la Audiencia Nacional, ha dado comienzo el juicio relativo a la denominada «operación Kitchen», destinado a esclarecer las responsabilidades políticas y policiales sobre el presunto espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

La situación de la seguridad social y la dependencia también han marcado la agenda legislativa de la semana. Los últimos informes técnicos indican que el crecimiento de la deuda de la Seguridad Social duplica actualmente las aportaciones al fondo de reserva de las pensiones. Asimismo, organizaciones civiles han alertado sobre la situación de la lista de espera de la dependencia, señalando que los tiempos de tramitación administrativa siguen afectando gravemente a la cobertura efectiva de los ciudadanos solicitantes.

En el ámbito autonómico, la política catalana enfrenta una crisis interna en el PSC tras el apoyo de sus concejales en Ripoll a los presupuestos presentados por la formación de Silvia Orriols. Por otro lado, la justicia ha ratificado una condena contra la televisión pública catalana, TV3, por la contratación irregular de un trabajador bajo la figura de falso autónomo durante un periodo continuado de 17 años.