El Gobierno prevé aprobar este martes el decreto para la regularización de medio millón de personas extranjeras
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el real decreto destinado a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que residen en España en situación administrativa irregular. La medida, que facilitará permisos de residencia y trabajo a aproximadamente 500.000 personas, se formaliza tras recibir el dictamen preceptivo del Consejo de Estado y pulir los últimos detalles técnicos del texto normativo.
La iniciativa recoge el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llegó al Congreso de los Diputados avalada por más de 600.000 firmas ciudadanas. Tras haber quedado bloqueada previamente por falta de consenso parlamentario, el Ejecutivo anunció el pasado 26 de enero su voluntad de tramitar esta medida, que busca integrar formalmente en el mercado laboral y en la sociedad a quienes ya residen y trabajan en la informalidad en territorio nacional.
Requisitos y plazos de solicitud
Según los borradores definitivos, podrán acogerse a este proceso todas aquellas personas inmigrantes que hayan entrado en España antes del 1 de enero de este año. Los solicitantes deberán demostrar que, en el momento de presentar su petición, acumulan al menos cinco meses de residencia en el país. El decreto también incluye a los solicitantes de asilo que hubieran formalizado su petición antes de la mencionada fecha de corte.
Una vez que la norma sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el proceso administrativo se activará de forma inmediata. Los interesados dispondrán de un periodo de ventana para tramitar sus expedientes que se extenderá hasta el próximo 30 de junio, fecha límite establecida para la recepción de solicitudes bajo este procedimiento excepcional.
Observaciones del Consejo de Estado
El texto definitivo ha incorporado ajustes tras el análisis del Consejo de Estado. Aunque el órgano consultivo ha avalado la medida por su potencial integrador, ha planteado reservas sobre la flexibilidad en la acreditación de la ausencia de antecedentes penales. El Ejecutivo proponía inicialmente permitir una declaración responsable del interesado si la administración no lograba recabar el certificado penal en un plazo de dos meses, fórmula que el Consejo de Estado calificó de «inadecuada» para un proceso de esta magnitud.
Asimismo, el dictamen del órgano consultivo desaconsejó la suspensión automática de los procedimientos de protección internacional para aquellos solicitantes de asilo que opten por la regularización. También sugirió excluir a las personas en proceso de reconocimiento del estatus de apátrida y recomendó un mayor rigor en los informes de vulnerabilidad emitidos por entidades sociales, eliminando la presunción de vulnerabilidad por el mero hecho de encontrarse en situación irregular.
Con esta aprobación, el Gobierno busca dar respuesta a una demanda social y económica, alineando la normativa de extranjería con la realidad de la población migrante que ya contribuye a la economía nacional pero carece de un marco jurídico estable para su residencia y actividad laboral.
