El Congreso debate la designación de la CNMC como supervisor de los servicios digitales en España
El Pleno del Congreso de los Diputados ha debatido este martes la toma en consideración de la proposición de ley impulsada por el Grupo Socialista para habilitar legalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como el coordinador de servicios digitales en España. Esta medida responde a las exigencias del Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA), con el objetivo de establecer una autoridad supervisora sobre los contenidos y plataformas en el entorno virtual.
La iniciativa ha fracturado el arco parlamentario en bloques diferenciados. Mientras que formaciones como Sumar, PNV y Compromís han manifestado su apoyo a la tramitación, los grupos de Vox y Junts han expresado su rechazo frontal. Por su parte, el Partido Popular ha avanzado que no obstaculizará el inicio del proceso legislativo, aunque ha condicionado su respaldo definitivo a una renovación inmediata e independiente del consejo de la CNMC. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha anunciado su abstención, criticando las formas y el fondo de la propuesta.
El portavoz del PSOE, Alberto Rojo, ha calificado la medida de «urgente» para poner fin a la desprotección de los ciudadanos españoles, especialmente de los menores, ante las ciberestafas, los discursos de odio y la desinformación. Rojo ha argumentado que España corre el riesgo de convertirse en un refugio para plataformas que busquen eludir las consecuencias legales vigentes en otros países de la Unión Europea, y ha apelado a la responsabilidad de los grupos para agilizar la habilitación del organismo regulador.
Desde el Partido Popular, el diputado Mario Cortés ha cuestionado la celeridad demandada por los socialistas tras «dos años de retraso» en la implementación de la normativa europea. Cortés ha criticado la ausencia de una memoria económica y de informes preceptivos en la tramitación de la norma. Asimismo, ha advertido sobre el peligro de que la CNMC se convierta en un «Ministerio de la Verdad» bajo control gubernamental, exigiendo una renovación plural del organismo en el plazo de un mes para garantizar que la supervisión no derive en «censura política».
Por su parte, el representante de Vox, Manuel Mariscal, ha justificado el voto negativo de su formación al considerar que la ley busca «allanar el camino» para que el Gobierno limite la libertad de opinión de los ciudadanos y de los periodistas digitales independientes. Según Mariscal, la iniciativa pretende blindar el debate público en favor del Ejecutivo y restringir las críticas en redes sociales.
En el ámbito de las formaciones independentistas, Junts ha fundamentado su rechazo en la centralización de competencias que supone la norma y en el «perjuicio» que, a su juicio, causa al tejido empresarial y a la lengua catalana. ERC, a través de Francesc-Marc Álvaro, ha reprochado al PSOE que utilice la vía de la urgencia para una ley que considera que «recentraliza» funciones, vulnerando la autonomía competencial y omitiendo el diálogo necesario con otros grupos.
Finalmente, los grupos que han avalado la propuesta han coincidido en la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas. La portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, ha señalado que no es una opción, sino una necesidad para proteger a las próximas generaciones, mientras que desde Sumar han definido la iniciativa como «oportuna» para que la CNMC ejerza sus funciones de control con coherencia en el mercado digital.
