El Tribunal Constitucional cuestiona el bloqueo de leyes en el Congreso y activa un frente de colectivos afectados
El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que estima el recurso de amparo del Grupo Parlamentario Popular contra la Mesa del Congreso de los Diputados, al considerar que el órgano de gobierno de la Cámara vulneró el derecho de participación política de los parlamentarios. El fallo concluye que se hizo un uso indebido de las prórrogas sistemáticas en los plazos de enmiendas, lo que impidió de facto la tramitación de iniciativas legislativas. Esta resolución judicial ha impulsado la creación de un «frente cívico» integrado por diversos sectores sociales que denuncian la paralización de sus demandas en la institución parlamentaria.
La sentencia del tribunal de garantías se centra en el bloqueo de la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según el magistrado ponente, la Mesa obstruyó el procedimiento legislativo al acordar prórrogas sucesivas sin una motivación específica, imposibilitando la presentación de enmiendas y contraviniendo el mandato del Pleno de la Cámara. Este pronunciamiento es el primero de una serie de recursos de amparo pendientes de resolución sobre la inactividad legislativa en la presente etapa parlamentaria.
Como consecuencia directa del escenario jurídico abierto por el Tribunal Constitucional, diversos colectivos han iniciado contactos para coordinar una estrategia común. A la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite), impulsora inicial de las acciones legales, se han sumado la Federación de Asociaciones del Litoral de la Región de Murcia —afectados por la Ley de Costas—, funcionarios de prisiones y, recientemente, la Alianza Empresarial por la bajada del IVA a la imagen personal. Este último sector reclama la reducción del tipo impositivo del 21% actual al 10% mediante una proposición de ley cuya tramitación permanece detenida.
El colectivo de víctimas de la talidomida ha elevado la presión jurídica mediante una denuncia ante el Tribunal Supremo contra los miembros del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso, incluida su presidenta, Francina Armengol. Los denunciantes sostienen la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa por omisión, al considerar que el bloqueo de dos proposiciones de ley destinadas a eximir de IRPF sus ayudas económicas es una decisión deliberada que excede las competencias de organización de la Mesa.
Los portavoces de los colectivos implicados han calificado la sentencia del Tribunal Constitucional como un «espaldarazo jurídico» que refuerza sus posiciones ante futuras acciones legales. Mientras que los afectados por la talidomida muestran su optimismo respecto al recorrido de su denuncia en el Supremo, los grupos perjudicados por la Ley de Costas han manifestado que, si bien priorizarán el diálogo mediante una solicitud de reunión con el presidente del Gobierno, no descartan integrarse plenamente en la estrategia de judicialización si no se desbloquea la actividad en las comisiones parlamentarias.
La actual legislatura se caracteriza por una elevada acumulación de iniciativas parlamentarias que, tras ser admitidas a trámite, no avanzan en su cronograma legislativo debido a las prórrogas de enmiendas. Fuentes parlamentarias señalan que este mecanismo ha sido utilizado de forma recurrente ante la dificultad de articular mayorías estables para la aprobación definitiva de las leyes. La resolución del Constitucional marca un precedente sobre los límites de la Mesa del Congreso para gestionar los tiempos legislativos, subrayando que la autonomía parlamentaria no puede amparar la anulación de la función legislativa de las Cortes.
