El PSOE Aragón califica de «ejercicio de supervivencia» el nuevo acuerdo entre PP y Vox
La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha valorado este miércoles el pacto de gobierno alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la gobernabilidad de la comunidad autónoma. Tras la celebración de la Ejecutiva regional, Alegría ha definido el acuerdo como un «ejercicio de supervivencia política» y un «reajuste de intereses» que, a su juicio, prioriza el reparto de cargos institucionales sobre un proyecto real para la región.
Durante su intervención, la portavoz socialista ha lamentado que Aragón haya atravesado un periodo de «cuatro meses de parálisis» institucional hasta la formalización de este pacto. Según Alegría, las medidas anunciadas no responden a las necesidades urgentes de la ciudadanía aragonesa, señalando la ausencia de planes concretos para reducir las listas de espera en atención primaria, facilitar el acceso a la vivienda o gestionar las plazas en las residencias públicas.
En el análisis político del acuerdo, la líder del PSOE aragonés ha subrayado que el candidato del Partido Popular, Jorge Azcón, ha visto mermada su «autonomía y estabilidad». Alegría sostiene que la negociación ha estado condicionada por la dirección nacional del PP en Madrid y que el futuro Ejecutivo autonómico nace bajo una «profunda y absoluta desconfianza» mutua entre los socios de coalición, lo que podría traducirse en incertidumbre para la gestión pública.
Desde la perspectiva de la oposición, la secretaria general ha advertido que su formación actuará como la alternativa frente a lo que prevé como una etapa de «desmantelamiento y recortes» en los servicios públicos. Alegría ha asegurado que el Partido Socialista se opondrá a cualquier retroceso en las prestaciones sociales y que centrará su labor parlamentaria en los problemas estructurales de la comunidad.
Uno de los puntos de mayor fricción señalados por la dirigente socialista ha sido la adopción del término «prioridad nacional» en materia migratoria. Alegría ha calificado esta postura como una «patada a la Constitución» y a los principios de igualdad, defendiendo que la regularización de trabajadores extranjeros cuenta con un amplio consenso social que incluye a sindicatos, la patronal y la Conferencia Episcopal.
Finalmente, la representante socialista ha augurado una vigencia limitada al pacto de gobierno, afirmando que el acuerdo nace con una «fecha de caducidad corta» debido a las discrepancias previas entre ambas formaciones. Para el PSOE, la configuración de este nuevo Ejecutivo no responde a un ejercicio de pragmatismo político, sino a una necesidad de asegurar la gobernabilidad a costa de la autonomía regional.
