Un tribunal de apelaciones suspende la ley de California que obligaba a agentes de ICE a mostrar su identificación
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha bloqueado este miércoles la entrada en vigor de una legislación del estado de California, aprobada en 2025, que exigía a los efectivos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) portar una identificación visible y prohibía el uso de máscaras durante sus operativos. La resolución judicial representa un nuevo límite a las normativas estatales que intentan regular la actividad de las fuerzas de seguridad federales en territorio californiano.
El panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos emitió una orden judicial para paralizar la medida, fundamentando su fallo en que la legislación estatal viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución. Según la sentencia, el articulado de la ley pretendía regular directamente el desempeño de las funciones gubernamentales federales, una competencia que recae exclusivamente en el Ejecutivo central y no en los estados.
Este pronunciamiento judicial ratifica una decisión previa de febrero, cuando un juez de distrito suspendió de forma temporal la norma al determinar que esta discriminaba a las fuerzas federales. En aquel momento, la judicatura señaló que la obligación de identificarse no se aplicaba de igual forma a los agentes de orden público del estado, lo que generaba una asimetría regulatoria injustificada hacia los funcionarios de ICE.
La resolución supone un respaldo jurídico a la demanda presentada por la Administración federal, que ha sostenido que la obligatoriedad de mostrar el rostro y los datos personales podría poner en riesgo la integridad de los agentes. El Gobierno argumentó que la exposición pública de la identidad de los efectivos facilita actos de acoso, violencia o la difusión no autorizada de información personal en plataformas digitales.
Desde la Fiscalía General, se ha mantenido la postura de que las normativas de California contra las agencias de control migratorio están diseñadas para dificultar el cumplimiento de la ley federal. Las autoridades judiciales han subrayado que la seguridad de los agentes es prioritaria frente a las disposiciones locales que buscan supervisar el comportamiento de las fuerzas de seguridad nacionales.
La ley fue firmada originalmente por el gobernador de California, Gavin Newsom, en un contexto de crecientes tensiones entre el estado y el Gobierno federal por las políticas de control fronterizo. La medida surgió como respuesta a las redadas masivas llevadas a cabo por ICE en núcleos urbanos como Los Ángeles, en el marco de los planes de deportación impulsados por la administración del presidente Donald Trump.
Con este fallo, el tribunal reafirma la jerarquía de las leyes federales sobre las estatales en materia de inmigración y seguridad nacional, cerrando el paso, por el momento, a los intentos de Sacramento por imponer requisitos operativos específicos a los funcionarios migratorios en el ejercicio de sus funciones.
