La UCO ratifica ante el Tribunal Supremo los indicios de corrupción en el caso Ábalos
Una decena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comparecen este lunes ante el Tribunal Supremo para desgranar los pormenores de la investigación que implica al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una presunta trama de corrupción. Los testimonios de los investigadores se producen en el inicio de la cuarta semana del juicio, previa a la declaración de los tres principales acusados: el propio Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Los efectivos de la UCO responsables de los informes y los registros domiciliarios exponen ante el tribunal las evidencias que sustentan la acusación por supuestos amaños en la adjudicación de contratos de mascarillas a cambio de comisiones. Según los informes suscritos por la Guardia Civil, Ábalos desempeñaba un «papel relevante y de responsabilidad» en la red, siendo identificado en las comunicaciones internas de los investigados bajo el sobrenombre de «el jefe».
La investigación policial detalla diversas contraprestaciones que el exministro habría recibido a cambio de facilitar el acceso de la trama a la administración pública. Entre estas gratificaciones se incluye el uso de un chalé en la provincia de Cádiz, adquirido por un socio de Aldama, así como el pago del alquiler de una vivienda en la que residió la expareja del exdirigente socialista. Estos beneficios económicos forman parte del núcleo de la acusación que sostiene la Fiscalía Anticorrupción.
Por su parte, las defensas de José Luis Ábalos y Koldo García centrarán sus interrogatorios en cuestionar la validez de las diligencias practicadas por la Guardia Civil. Los letrados han adelantado que pondrán en duda aspectos críticos del proceso, tales como la legalidad de las entradas y registros, así como la preservación de la cadena de custodia del material informático e impreso intervenido durante las pesquisas iniciales.
Tras la declaración de los agentes de la UCO, el Tribunal Supremo reanudará la vista el próximo miércoles, jornada en la que está prevista la comparecencia de los tres acusados. José Luis Ábalos, quien permanece en prisión provisional desde noviembre del año pasado, afronta una petición fiscal de 24 años de cárcel. Para Koldo García, el Ministerio Público solicita 19 años y medio, mientras que Víctor de Aldama se enfrenta a una pena de siete años debido a su colaboración con las autoridades judiciales.
En el ámbito de las acusaciones, la acción popular coordinada por el Partido Popular ha elevado la petición de penas hasta los 30 años de prisión para el exministro y su antiguo asesor, al considerar que existen delitos adicionales de organización criminal y cohecho agravado en el marco de la gestión de la pandemia de COVID-19.
