Rodríguez advierte de un «escenario jurídico inexplorado» si el Congreso rechaza el decreto de alquileres
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha expresado este lunes su preocupación ante la posibilidad de que el Congreso de los Diputados no convalide el decreto de prórroga de los contratos de alquiler en la sesión plenaria de este martes. La titular de Vivienda ha instado a los grupos parlamentarios a reconsiderar su postura, advirtiendo de las consecuencias jurídicas para los inquilinos si la norma decae tras haber estado en vigor algo más de un mes.
Rodríguez ha lamentado que el Parlamento pueda no estar «a la altura» de los consensos alcanzados en otros ámbitos, como el europeo o el académico, y ha calificado de «dramática» la falta de apoyo parlamentario a una medida que considera esencial para la protección de los ciudadanos. En declaraciones a RNE, la ministra ha incidido en que la prórroga de los alquileres es una pieza puntual pero necesaria dentro de la transformación integral de las políticas de vivienda que promueve el Ejecutivo.
La ministra ha dirigido sus críticas especialmente hacia el Partido Popular y Junts, acusándoles de alejarse de las necesidades de la ciudadanía. En referencia al principal partido de la oposición, Rodríguez ha señalado la contradicción que, a su juicio, supone que el PP ostente competencias exclusivas en materia de vivienda en la mayoría de las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, se posicione en contra de un decreto diseñado para ofrecer seguridad a quienes enfrentan el fin de su contrato de arrendamiento.
Uno de los puntos de incertidumbre radica en la situación de los inquilinos que ya hayan solicitado la prórroga durante la vigencia temporal del decreto. Rodríguez ha reconocido que el rechazo de la norma abriría un «escenario jurídico inexplorado» al haber desplegado ya efectos legales. Ante esta eventualidad, la ministra ha manifestado su confianza en que la justicia priorice el derecho a la vivienda en las valoraciones jurídicas que pudieran derivarse de la caída del texto normativo.
Respecto a la organización interna del Gobierno, la defensa del decreto en la Cámara Baja no correrá a cargo de la ministra de Vivienda, sino del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, perteneciente a Sumar. Rodríguez ha restado importancia a este hecho, calificándolo de «anecdótico» y enmarcándolo dentro de la dinámica de un Ejecutivo de coalición donde se busca dar visibilidad y espacio a los socios minoritarios.
Finalmente, la ministra ha admitido que desde el inicio de la tramitación advirtió sobre la dificultad de reunir los apoyos necesarios en el Congreso. Según ha explicado, fueron los socios de Sumar quienes defendieron la viabilidad de sacar adelante la iniciativa. Pese a las previsiones actuales, Rodríguez ha mantenido la esperanza de que los grupos parlamentarios modifiquen su intención de voto antes de la votación definitiva de mañana.
