Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat de Cataluña, ha defendido este lunes ante la Audiencia Nacional la legitimidad de los ingresos percibidos por sus empresas y ha desvinculado la fortuna familiar en Andorra de cualquier actividad ilícita. Durante su declaración en el juicio donde se le acusa de presunto enriquecimiento ilícito, el procesado ha sostenido que los pagos recibidos por parte de diversas compañías correspondieron a servicios de asesoramiento real basados en el suministro de información estratégica.
La Fiscalía Anticorrupción, representada por Fernando Bermejo, solicita para el hijo mayor de los Pujol una pena de 29 años de prisión. El Ministerio Público sostiene la tesis de que los cobros no respondían a labores de consultoría, sino que constituían comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Por el contrario, Pujol Ferrusola ha afirmado que su labor consistía en aportar «información privilegiada» en momentos clave, desmarcándose de cualquier gestión administrativa en la Generalitat para evitar lo que definió como «contaminación política».
En relación con el origen del patrimonio familiar en Andorra, el acusado ha ratificado que los fondos procedían de un legado de su abuelo, Florenci Pujol. Según su testimonio, el abuelo desconfiaba de la estabilidad política de España y de la actividad de su hijo, Jordi Pujol i Soley, por lo que decidió establecer una reserva económica para proteger a su nuera y nietos. Esta herencia, comunicada oficialmente a la familia en septiembre de 1980, estaba compuesta inicialmente por 110 millones de pesetas en dólares y otros 390 millones en títulos de deuda pública y multinacionales.
Pujol Ferrusola ha explicado que él asumió la gestión directa de estos fondos a partir de 1990, por indicación de Joaquim Pujol, quien se había encargado de la administración tras el fallecimiento del abuelo. Asimismo, ha negado que la decisión de regularizar este patrimonio en 2014 fuera consecuencia de la denuncia presentada por su expareja, Victoria Álvarez, calificando de «mentira» el contenido de dichas acusaciones. También ha subrayado la independencia económica de sus hermanos respecto a estos fondos y su desconocimiento sobre la gestión de los mismos.
Durante el interrogatorio, se han abordado diversas operaciones mercantiles, como la inversión en el vertedero de Tivissa, en Tarragona. El procesado ha admitido que adquirió junto a su exmujer el 50% de una sociedad por 5.000 euros y que posteriormente obtuvieron un beneficio superior a los cinco millones de euros tras su venta. Pujol Ferrusola ha atribuido esta plusvalía al riesgo asumido en la inversión y a la obtención de los permisos necesarios para la actividad. También ha justificado sus negocios en México y Suiza, asegurando que proceden de actividades lícitas y negando la utilización de testaferros.
Finalmente, el acusado ha derivado parte de la responsabilidad de la gestión bancaria y fiscal de sus empresas en su exmujer, Mercè Gironès, señalando que él se limitaba a la firma de documentos siguiendo sus planteamientos. Tras más de tres horas de comparecencia, la sesión se ha suspendido hasta el martes, cuando el tribunal retomará el interrogatorio centrándose en el análisis de las cuentas bancarias que el primogénito de la familia Pujol mantenía en el extranjero.
