La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha instado formalmente al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a responder con mayor precisión a las preguntas parlamentarias formuladas por el Grupo Parlamentario Popular. Esta decisión se produce tras la solicitud de amparo presentada por diputados de la oposición, quienes denunciaron haber recibido respuestas evasivas por parte del Ejecutivo en relación con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
La queja, suscrita por los diputados José Antonio Bermúdez de Castro, Pedro Muñoz Abrines, Carlos Floriano y María Jesús Moro, se centra en la falta de datos concretos sobre las nacionalidades concedidas a descendientes de exiliados en virtud de la disposición adicional octava de la citada ley de 2022. Según el escrito de los parlamentarios, el Gobierno ha evitado facilitar cifras exactas de solicitudes aprobadas por las oficinas consulares, alegando que el sistema no individualiza las peticiones y que los expedientes más antiguos no están digitalizados.
El Grupo Popular argumenta que el Ejecutivo incurre en una contradicción, ya que en septiembre de 2025 el propio Palacio de la Moncloa difundió una nota de prensa informando de la concesión de 240.000 nacionalidades bajo esta norma. Los parlamentarios sostienen que «no parece un argumento mínimamente riguroso» que, tres años después de la entrada en vigor de la ley, se deniegue la información por problemas técnicos, sugiriendo que dicha actitud constituye un «evidente desprecio» hacia la función de control parlamentario que establece el artículo 66.2 de la Constitución Española.
En su escrito de queja, los diputados recordaron que el derecho a obtener respuesta es parte esencial del estatuto jurídico de los parlamentarios, protegido por el artículo 23.2 de la Constitución. Señalaron además que, en ejercicios anteriores, el Gobierno sí había facilitado datos detallados sobre solicitudes denegadas y rechazadas, por lo que consideran que la actual falta de transparencia responde a un intento deliberado de sustraerse a la fiscalización de las Cortes Generales.
Tras recibir la solicitud de amparo, la Presidencia del Congreso remitió una comunicación al Ministerio que dirige Bolaños. En el documento, Armengol señala que, tras realizar un «examen liminar» de las contestaciones enviadas por el Gobierno, se ha constatado la insatisfacción de los diputados con el contenido de las mismas. Aunque la Presidencia evita realizar una valoración política sobre el fondo, considera que procede que el Ejecutivo amplíe las respuestas para aclarar las razones que las fundamentan.
Finalmente, la presidenta de la Cámara Baja ha solicitado al Ministerio que realice las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la obligación constitucional de responder con precisión a las iniciativas de control. Este movimiento refuerza el papel de la Mesa del Congreso como garante de los derechos de los parlamentarios frente a la labor informativa que debe prestar el Gobierno en el ejercicio de su gestión administrativa y legislativa.
