El Senado rechaza la moción de Vox para instar la ilegalización de EH Bildu
El Pleno del Senado desestimó este miércoles una moción presentada por el grupo parlamentario Vox que solicitaba al Gobierno de España iniciar los trámites para la ilegalización de EH Bildu. La iniciativa, fundamentada en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, no logró el respaldo necesario de la Cámara tras la abstención del Partido Popular y el voto en contra del resto de las formaciones con representación parlamentaria.
La votación de la propuesta no legislativa se saldó con 110 votos en contra y 142 abstenciones, estas últimas pertenecientes a los senadores del Partido Popular. Vox sostenía en su texto que la formación vasca vulnera los principios democráticos y los derechos humanos, argumentando que la normativa vigente permite disolver organizaciones que justifiquen la violencia terrorista de forma grave y reiterada.
Desde el Partido Popular justificaron su postura de abstención citando la doctrina del Tribunal Constitucional. Los populares señalaron que, de acuerdo con la jurisprudencia actual, el ordenamiento jurídico español permite la defensa de cualquier idea política siempre que no se utilicen medios violentos. Esta posición se alinea con las sentencias que establecen el carácter garantista del sistema democrático frente a los intentos de restringir el pluralismo político.
La propuesta de Vox se apoyaba en la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos, herramienta legal que en 2003 facilitó la ilegalización de formaciones como Batasuna al acreditarse su vinculación directa con la organización terrorista ETA. Sin embargo, el marco actual requiere que sea el Ejecutivo o el Ministerio Fiscal quien interponga la demanda ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, órgano encargado de valorar si concurren los supuestos previstos en la ley.
Expertos en Derecho Constitucional señalan que la ilegalización de un partido en el contexto presente exige pruebas sólidas y actualizadas que demuestren una vulneración sistemática de los principios democráticos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido acotando la aplicación de la Ley de Partidos para evitar colisiones con los artículos 1 y 6 de la Constitución, que protegen el pluralismo político como valor superior del ordenamiento.
EH Bildu, consolidada como socio parlamentario del actual Gobierno en las últimas legislaturas, ha superado anteriores exámenes judiciales desde su constitución en 2011. El Tribunal Constitucional no ha apreciado en sus resoluciones vínculos operativos con bandas armadas ni estrategias de instrumentalización de la violencia que justifiquen su salida del registro de partidos políticos.
Finalmente, el debate parlamentario evidenció la falta de una mayoría suficiente no solo para instar la ilegalización, sino para acometer cualquier reforma legislativa o constitucional en esta materia. Una modificación de los preceptos fundamentales de la Carta Magna requeriría un consenso amplio y procedimientos agravados que, dada la fragmentación actual de las Cortes Generales, no resultan viables en términos de aritmética política.
