El Gobierno extrema la vigilancia en las oposiciones ante las sospechas de fraude en la Seguridad Social

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha anunciado un endurecimiento de las medidas de vigilancia y del régimen sancionador para los próximos procesos selectivos de la Administración General del Estado. La decisión responde a las investigaciones judiciales abiertas por presuntas irregularidades en las oposiciones de acceso al Cuerpo de Administrativos de la Seguridad Social, donde se rastrea el uso de dispositivos electrónicos y la existencia de una posible trama organizada.

La reciente resolución emitida por el departamento que dirige Óscar López para las pruebas del próximo 23 de mayo advierte explícitamente sobre la posibilidad de derivar responsabilidades penales en caso de detectar fraudes. Según el documento, los órganos de selección y el personal colaborador quedan autorizados para emplear dispositivos de rastreo y detección de frecuencias, así como para realizar controles aleatorios o sistemáticos durante el desarrollo de los ejercicios.

El nuevo marco normativo establece que cualquier aspirante sorprendido utilizando engaño, dispositivos electrónicos o incluso teniendo estos encendidos dentro del aula, será expulsado de forma inmediata y excluido del proceso selectivo. La novedad radica en la instrucción al personal funcionario de levantar acta del incidente para su remisión a las autoridades correspondientes, lo que podría derivar en imputaciones por delitos de banda organizada, cuyas penas pueden alcanzar los cuatro años de prisión si se demuestra la colaboración de terceros.

Estas medidas se producen tras la investigación de la Fiscalía en torno a 33 aspirantes examinados en Galicia que obtuvieron las calificaciones más altas del país en las oposiciones de la Seguridad Social. Las pesquisas apuntan a un presunto entramado corrupto que habría vendido plazas en diversos organismos públicos, incluidos Hacienda, ADIF e Instituciones Penitenciarias, mediante cobros que oscilarían entre los 20.000 y los 60.000 euros a cambio de facilitar las respuestas a través de sistemas de comunicación externa.

El malestar entre el colectivo de opositores se ha intensificado debido a la decisión de la Administración de continuar con el nombramiento de los funcionarios y la asignación de destinos, a pesar de que el proceso se encuentra bajo investigación judicial. Diversos afectados en Galicia han denunciado que las plazas obtenidas de forma presuntamente irregular condicionan el acceso a los destinos locales de aquellos aspirantes que superaron las pruebas con normalidad.

Desde el Ministerio se ha justificado la continuidad del proceso alegando la prevalencia del interés general y la necesidad de no dilatar la incorporación de los nuevos empleados públicos. No obstante, grupos de opositores barajan emprender acciones legales una vez se publiquen los destinos definitivos, al considerar que la falta de medidas cautelares por parte de la Seguridad Social perjudica sus legítimos derechos de prelación en la elección de plazas.