El Gobierno autoriza el reparto de 2.572 millones de euros para políticas activas de empleo en las comunidades autónomas
El Consejo de Ministros ha aprobado la asignación de 2.572 millones de euros destinados a las comunidades autónomas que ostentan competencias en materia de políticas activas de empleo. Esta partida presupuestaria, con cargo al ejercicio de 2026 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se someterá próximamente a la Conferencia Sectorial de Empleo para determinar los criterios definitivos de distribución territorial entre las distintas regiones.
Según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la resolución adoptada por el gabinete ministerial constituye una autorización administrativa previa. En este sentido, la aprobación definitiva del gasto corresponderá al órgano competente una vez que la propuesta de reparto sea ratificada por los representantes autonómicos en el seno del órgano de cooperación sectorial.
Un aspecto relevante de esta dotación es que el 30 % de los fondos, aproximadamente 743,5 millones de euros, se distribuirá en función del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno (PAFED) 2025. Este mecanismo busca incentivar la eficacia en la gestión de las políticas de inserción laboral mediante la evaluación de indicadores específicos en cada territorio.
Entre los criterios de cumplimiento que determinarán el acceso a estos recursos se encuentran la mejora de la empleabilidad de los desempleados, el porcentaje de cobertura y atención a personas perceptoras de prestaciones, el esfuerzo inversor en formación profesional y la consolidación de las plantillas de personal orientador dentro de los servicios públicos de empleo autonómicos.
En cuanto al desglose de las partidas principales, la propuesta de Trabajo contempla destinar 1.424 millones de euros a la gestión directa de servicios y programas de políticas activas por parte de las comunidades. Asimismo, se reservan 633 millones de euros para el desarrollo de iniciativas de formación en alternancia con el empleo, una modalidad diseñada para facilitar la cualificación práctica de los trabajadores en el mercado laboral.
Esta inversión representa uno de los pilares de la estrategia estatal para coordinar con las administraciones regionales las herramientas de fomento del trabajo, garantizando la estabilidad de los programas de orientación y capacitación profesional en todo el territorio nacional para los próximos ejercicios.
