La UDEF requiere información a Inteligencia Prospectiva ante la imposibilidad de registrar su sede por obras
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha formalizado un requerimiento de información a la sociedad Inteligencia Prospectiva. Esta medida se ha adoptado tras la imposibilidad de ejecutar el registro ordenado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, debido a que las instalaciones de la mercantil en el Paseo de la Habana de Madrid se encuentran actualmente en fase de reforma y carecen de personal.
La diligencia se enmarca en la investigación sobre una presunta red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales vinculada al denominado caso Plus Ultra. Según fuentes jurídicas, el operativo judicial sí permitió el registro de otras sedes, destacando la intervención en el despacho profesional del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, situado en la calle Ferraz. En esta ubicación, los agentes de la UDEF procedieron a la incautación de dispositivos tecnológicos, agendas y diversa documentación de su secretaria personal, Gertrudis Alcázar.
El magistrado instructor señala en sus resoluciones que Inteligencia Prospectiva habría actuado como una «pieza instrumental» dentro de un entramado diseñado para introducir fondos de origen extranjero en España. Estos capitales, según el auto, eran posteriormente canalizados hacia sociedades relacionadas con el entorno del expresidente, incluyendo pagos por valor de 561.440 euros a Whathefav, la empresa de marketing administrada por las hijas de Rodríguez Zapatero.
La investigación se apoya en un informe detallado de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria. Los datos fiscales revelan «incongruencias» significativas en las cuentas de Inteligencia Prospectiva, mercantil administrada por los ciudadanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. A pesar de reportar una cifra de negocio nula o muy reducida entre 2020 y 2021, la empresa registró movimientos bancarios de entrada y salida superiores a los 2,6 millones de euros hasta el año 2025.
Asimismo, la causa incorpora evidencias obtenidas mediante la colaboración de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). Esta cooperación ha permitido el acceso a contenidos de dispositivos electrónicos y chats grupales donde, presuntamente, se coordinaban operativas financieras y gestiones de influencia. En dichos canales de comunicación figuraban, además del expresidente, personas de su círculo cercano como Julio Martínez Martínez, actualmente bajo arresto.
Rodríguez Zapatero, quien ha rechazado formalmente las imputaciones, ha sido citado por la Audiencia Nacional para comparecer en calidad de investigado el próximo 2 de junio. La autoridad judicial busca determinar la responsabilidad del exjefe del Ejecutivo en la dirección de esta estructura, a la que el juez atribuye la percepción de cerca de dos millones de euros y la orden de creación de sociedades mercantiles fuera del territorio nacional.
