El Pentágono restringe el acceso a la prensa tras designar su oficina de medios como zona de alta seguridad
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha anunciado la reconfiguración de su oficina de prensa como una «instalación de información sensible compartimentada» (SCIF, por sus siglas en inglés), una medida que veta de forma permanente el acceso directo de los periodistas a este espacio. La decisión responde, según la versión oficial, a la necesidad de proteger material confidencial manejado por funcionarios que comparten las mismas instalaciones en el edificio gubernamental.
Joel Valdez, portavoz del Departamento de Defensa, explicó a través de canales oficiales que el cambio de estatus jurídico y físico de la sala obedece a que los redactores de discursos de la oficina del secretario de Defensa operan en el mismo recinto. Estos empleados gestionan de manera rutinaria material clasificado y requieren conexión constante a SIPRNet, la red de comunicación secreta operada por el Pentágono. Valdez defendió la medida asegurando que «no hay nada controvertido» en la protección de protocolos de seguridad interna.
La restricción ha provocado una respuesta inmediata de las organizaciones de prensa. Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), manifestó que la designación de la sala como espacio clasificado no fortalece la seguridad del país, sino que reduce la transparencia institucional. Según Ginsberg, esta acción representa el último paso de una campaña sistemática para limitar la labor de los medios de comunicación en el ámbito de la defensa.
Este nuevo protocolo se implementa en medio de una prolongada disputa judicial entre la Administración Trump y diversos medios de comunicación. Recientemente, la justicia federal bloqueó partes de una normativa que pretendía prohibir a los periodistas la publicación de información militar sin autorización previa, tras una demanda interpuesta por el diario The New York Times. Sin embargo, permanece en vigor la obligatoriedad de que los reporteros cuenten con escolta para desplazarse por el edificio, una política que también ha sido impugnada por ser considerada una vulneración de la Primera Enmienda.
La tensión entre el Departamento de Defensa y los corresponsales acreditados alcanzó un punto crítico en octubre de 2025, cuando un grupo numeroso de periodistas entregó sus credenciales en señal de protesta. La administración actual sostiene que las medidas son estrictamente operativas, mientras que los colectivos de prensa denuncian un intento inconstitucional de obstaculizar la publicación de información independiente sobre los asuntos militares de la nación.
