El Gobierno aprueba 1,35 millones de euros para la exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que regula la concesión directa de subvenciones por un importe total de 1.350.000 euros destinadas a la búsqueda, exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Estas ayudas, otorgadas con carácter excepcional por razones de interés público, social y económico, tienen como objetivo prioritario el impulso de la memoria democrática y el reconocimiento moral de las víctimas.

La partida de mayor cuantía, que asciende a un millón de euros, será transferida a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Según ha detallado el Ejecutivo, estos fondos se destinarán a financiar actuaciones de reparación y memoria en el ámbito local, con el fin de incrementar el número de intervenciones en los territorios y agilizar la resolución de los casos de desapariciones forzadas registrados en el país.

Además de la asignación a la FEMP, el real decreto contempla partidas específicas para diversas entidades locales y provinciales. Los ayuntamientos de Aspe (Alicante), Colmenar Viejo (Madrid) y Gandía (Valencia) recibirán una ayuda directa de 50.000 euros cada uno. Por su parte, el municipio de Palma del Río (Córdoba) contará con una dotación de 100.000 euros para estas labores. Asimismo, el Gobierno ha destinado a las diputaciones provinciales de A Coruña y Zaragoza una cuantía de 50.000 euros por cada institución.

La finalidad técnica de estas subvenciones se centra en localizar el mayor número posible de restos, proceder a su exhumación y realizar las pruebas de identificación pertinentes. Una vez concluidos los trabajos científicos, los restos serán entregados a sus familiares para su sepultura definitiva, integrando estos procesos en actos de dignificación de las víctimas conforme a la normativa vigente en materia de memoria democrática.

Con esta medida, el Ejecutivo busca reforzar la colaboración institucional con los ayuntamientos y diputaciones para dar respuesta a las demandas de las familias y asociaciones, centrando los esfuerzos en revertir la situación de los desaparecidos y consolidar los derechos a la verdad y la reparación en todo el territorio nacional.