La defensa de Carlos Mazón supedita la entrega de sus registros telefónicos al estudio íntegro de la causa

Ignacio Gally, abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana y actual diputado en Les Corts, Carlos Mazón, ha condicionado la entrega voluntaria de los registros de llamadas y mensajes de su representado al análisis exhaustivo del procedimiento judicial. Tras personarse este miércoles en los Juzgados de Catarroja, el letrado ha señalado que cualquier decisión sobre la aportación de nuevas pruebas se basará en criterios de «necesidad y utilidad» una vez se complete el estudio de la causa, a la que su equipo jurídico acaba de acceder.

La manifestación de la defensa responde al requerimiento efectuado por la magistrada que investiga la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre, tragedia que dejó un balance de 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. La instructora reiteró este martes a Mazón, a través de su representación legal, la petición para que manifieste en un plazo de tres días si está dispuesto a entregar de forma voluntaria su listado de llamadas entrantes y salientes, así como sus comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea durante la jornada del temporal.

Gally ha justificado esta posición inicial apelando a la «prudencia y lealtad profesional». Según ha explicado a los medios de comunicación a su salida de las dependencias judiciales, el equipo de defensa se encuentra en una fase preliminar de instrucción tras haber sido aceptada su personación por la Audiencia Provincial. «Hasta que no estudiemos la causa completa, yo no voy a tomar ninguna decisión ni a hacer nada distinto a estudiar», ha precisado el abogado, quien ha acudido al juzgado con un dispositivo de almacenamiento para obtener la copia íntegra de las actuaciones.

Pese a la reserva actual, el letrado ha subrayado que la actitud de la defensa «no va a ser obstativa» y que existe una voluntad de colaboración con la justicia. En un escrito presentado este mismo miércoles, la representación de Mazón ha trasladado a la jueza que se aportará «lo que haya que aportar», bajo la premisa de que gran parte de la información relevante ya consta en el procedimiento. El objetivo de esta transparencia, según Gally, es eliminar «cualquier suspicacia o valoración distinta a la realidad».

En cuanto a la naturaleza de las comunicaciones solicitadas, el abogado ha indicado que, según la información que le ha sido trasladada por su cliente, no existe ningún mensaje o conversación que pueda alterar el curso de la investigación. Gally ha insistido en que la decisión de no precipitar la entrega de los terminales o sus registros es estrictamente técnica y jurídica, asumida por él mismo como responsable de la estrategia de defensa del expresidente.

La comparecencia del abogado en el juzgado ha coincidido con la declaración como testigo de la vicepresidenta primera del Consell, quien el día de la catástrofe se encontraba al frente de la Conselleria de Servicios Sociales. Carlos Mazón figura en el proceso con una figura jurídica que, por el momento, no es la de investigado, condición que su defensa ha recordado para enmarcar el alcance de sus obligaciones procesales y su estrategia de colaboración con la magistrada de Catarroja.