Interior mantiene la contratación de médicos sin especialidad en centros penitenciarios pese a las críticas del sector
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, órgano dependiente del Ministerio del Interior, continúa aplicando un modelo de contratación de facultativos interinos que carecen del título de médico especialista (MIR). Esta práctica, denunciada por profesionales del sector sanitario penitenciario, se justifica oficialmente mediante la asignación de programas de salud específicos, aunque en la operativa diaria estos profesionales ejercen funciones de consulta, diagnóstico y prescripción farmacológica en diversos centros del país.
En el centro penitenciario de Soto del Real, conocido como Madrid V, esta situación ha cobrado relevancia debido a la atención prestada en el módulo 13, donde se encuentran internos el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García. Según fuentes penitenciarias, una facultativa interina sin la especialidad requerida ha estado a cargo de la consulta de dicha sección desde el pasado mes de marzo, coincidiendo con una reestructuración de módulos tras la entrada de nuevos médicos de carrera.
La labor de esta profesional ha tenido implicaciones en procesos externos a la propia gestión clínica. Un informe emitido en Soto del Real fue determinante para desestimar el traslado de Koldo García al Parlamento de Navarra el pasado 10 de marzo, tras un incidente de salud ocurrido en el gimnasio de la prisión. La defensa del interno utilizó dicho informe médico para justificar ante el Tribunal Supremo la incapacidad del recluso para comparecer presencialmente en la cámara foral.
Facultativos de carrera de la sanidad penitenciaria advierten de que esta modalidad de contratación contraviene la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la cual establece la obligatoriedad de poseer el título de especialista para ejercer en el sistema público. El Ministerio del Interior articula estas incorporaciones bajo el epígrafe de programas especializados en educación para la salud, higiene, nutrición o prevención de patologías infectocontagiosas. No obstante, las denuncias apuntan a que estos interinos asumen guardias y pautan tratamientos de medicina familiar o psiquiatría sin la titulación habilitante.
La problemática se extiende de forma sistémica a otros centros como Estremera, Cuenca, Topas, Tenerife I, Las Palmas I y II, Botafuegos y Morón. En puntos como Villena y Valdemoro, la situación se describe como alarmante debido a la práctica ausencia de facultativos. Los colectivos profesionales denuncian que esta estrategia no solo supone un agravio comparativo salarial, sino que pone en riesgo la calidad asistencial y la seguridad jurídica de otros miembros del equipo sanitario, como el personal de enfermería.
Actualmente, la sanidad penitenciaria atraviesa una crisis de recursos humanos estructural. Según los últimos datos disponibles, el Ministerio del Interior solo mantiene cubiertas el 30% de las plazas de médico previstas para las cerca de 80 prisiones estatales. Con un total de 152 médicos para atender a decenas de miles de internos, el sector reclama una mejora en las condiciones laborales y salariales —con guardias que se abonan a 15 euros la hora— para frenar el déficit de profesionales y evitar el recurso sistemático a contrataciones que bordean la normativa vigente.
