El Congreso rechaza la propuesta para que el CGPJ designe a los jueces en tribunales internacionales

El Pleno del Congreso de los Diputados ha desestimado este martes la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular que buscaba modificar el sistema de elección de los magistrados destinados a tribunales e instancias internacionales. La iniciativa, que pretendía trasladar esta competencia del Poder Ejecutivo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha sido rechazada con los votos en contra del PSOE, Sumar y sus aliados parlamentarios.

La reforma planteada por el PP proponía una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para incluir, entre las atribuciones del órgano de gobierno de los jueces, la designación de candidatos para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Penal Internacional (TPI), entre otros organismos cuyas resoluciones tienen carácter vinculante en España.

Durante el debate, el grupo proponente argumentó que el modelo actual, bajo el cual el Ministerio de Justicia confecciona las ternas y un comité encabezado por el Ministerio de Asuntos Exteriores toma la decisión final, supone un riesgo de interferencia. Según el texto de la iniciativa, el objetivo de la reforma era garantizar la «necesaria e irrenunciable independencia» tanto del órgano que realiza la propuesta como de los propios candidatos seleccionados.

La propuesta de ley hacía mención específica a la próxima renovación de la plaza española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, actualmente ocupada por la jueza María Elósegui, cuyo mandato finaliza este año. El Partido Popular sostenía que la elección por parte del CGPJ blindaría el proceso bajo criterios estrictos de publicidad, transparencia, igualdad, mérito y capacidad, evitando el control directo por parte de altos cargos gubernamentales.

Además de las altas cortes europeas, la reforma pretendía otorgar al CGPJ la potestad de elegir a los representantes españoles ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos y la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, la mayoría parlamentaria ha optado por mantener el marco normativo vigente, rechazando la modificación del artículo 560 de la LOPJ que pretendía la formación de la oposición.

Con este resultado, el procedimiento de selección de los representantes jurisdiccionales de España en el exterior continuará bajo la gestión del Poder Ejecutivo, siguiendo los cauces administrativos establecidos hasta la fecha para la conformación de las delegaciones internacionales.