El CGPJ estudia medidas disciplinarias contra el juez Peinado tras las quejas del Ministerio del Interior
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analiza este domingo la posible apertura de un expediente disciplinario al magistrado Juan Carlos Peinado. El órgano de gobierno de los jueces estudia las manifestaciones del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, quien sugirió en un auto judicial la posibilidad de que los agentes de escolta de Begoña Gómez pudieran facilitar una eventual fuga de la investigada.
La reunión de urgencia, celebrada de forma telemática desde las 10:00 horas, tiene como objetivo determinar si el asunto debe ser remitido al promotor de la acción disciplinaria. Según han informado fuentes jurídicas, los miembros de la comisión evalúan diversas propuestas y mantienen la posibilidad de convocar un nuevo encuentro este lunes a las 9:00 horas para concluir las deliberaciones sobre la actuación del magistrado.
Este movimiento institucional se produce después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevara este sábado una «más enérgica queja» a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. El Ejecutivo considera que las afirmaciones de Peinado suponen un ataque a la profesionalidad de los miembros de las fuerzas de seguridad, cuya labor se circunscribe estrictamente al marco de la legalidad vigente.
El origen de la controversia se encuentra en una resolución judicial de 84 páginas, fechada este sábado, en la que el magistrado asegura que «no cabe duda» de que los agentes encargados de la custodia de Gómez podrían colaborar en una acción de fuga. Peinado señala en el texto que dicha colaboración podría producirse «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», lo que imposibilitaría que la investigada permaneciera a disposición de la justicia.
Por su parte, el titular de Interior ha calificado estas sospechas como un «hecho de máxima gravedad». En su comunicación al CGPJ, Marlaska defendió que las afirmaciones del juez no solo afectan a los agentes asignados al servicio de acompañamiento, sino que proyectan una sombra de duda sobre la cadena de mando al sugerir la posibilidad de que se dicten órdenes ilegales para interferir en el proceso judicial.
Mientras el Consejo General del Poder Judicial dirime el alcance de las medidas a adoptar, el entorno jurídico de Begoña Gómez ha anunciado que recurrirá las medidas cautelares impuestas en la misma resolución, entre las que se incluye la retirada del pasaporte, basándose en la falta de fundamento de los riesgos señalados por el instructor.
