El Real Madrid recurre ante el Tribunal Supremo la legalidad del acuerdo entre LaLiga y CVC

El Real Madrid C.F. ha anunciado la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras el reciente fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó el recurso de apelación interpuesto conjuntamente por el club blanco y el Athletic Club. La disputa legal se centra en el acuerdo alcanzado entre LaLiga y el fondo de capital riesgo CVC Capital Partners, una operación financiera que el club considera lesiva para la estructura económica del fútbol profesional español.

A través de un comunicado institucional, la entidad madrileña expresó su pleno respeto por la resolución judicial, aunque manifestó una discrepancia profunda con sus conclusiones. El club sostiene que la sentencia de la Audiencia Provincial no ofrece una respuesta suficiente a cuestiones de «extraordinaria relevancia jurídica, económica e institucional», omitiendo, a su juicio, un análisis detallado sobre el impacto a largo plazo de este acuerdo en la gestión de la competición.

El fundamento de la resolución judicial desestimatoria reside en calificar la retribución prevista en favor de CVC como un gasto de comercialización de los derechos audiovisuales. Asimismo, el tribunal entendió que la operación no afecta a los clubes que decidieron no adherirse a ella. No obstante, el Real Madrid mantiene que los acuerdos impugnados alteran de manera directa el modelo de gestión de los derechos audiovisuales y el régimen económico de LaLiga, afectando a los intereses legítimos de todas las entidades integrantes.

La estrategia jurídica del club blanco para acudir al Alto Tribunal se basa en la existencia de un «evidente interés casacional». El Real Madrid argumenta que es necesaria la fijación de doctrina jurisprudencial sobre aspectos esenciales del régimen jurídico aplicable a la explotación de los derechos televisivos, un activo que consideran fundamental para la soberanía económica de los clubes y la transparencia de la patronal del fútbol.

En su declaración final, el club reafirmó su voluntad de continuar defendiendo los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica en todas las instancias procedentes. Según la institución, una operación diseñada para proyectar sus efectos durante varias décadas sobre el fútbol profesional requiere un escrutinio judicial exhaustivo que garantice la protección de los derechos de los socios y la estabilidad del sistema deportivo nacional.