El Gobierno reivindica su «tolerancia cero» ante la corrupción y defiende su actuación en el caso Ábalos

El Gobierno de España ha defendido este martes su gestión ante las informaciones judiciales relacionadas con el exministro José Luis Ábalos, subrayando que el Ejecutivo tomó decisiones políticas meses antes de que se produjera una sentencia en su contra. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los representantes gubernamentales han reafirmado su compromiso con la ejemplaridad y han contrastado su proceder con la actitud de la oposición ante otros casos de presuntas irregularidades.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha sido el encargado de fijar la posición política del gabinete, enfatizando que la respuesta del PSOE y del Gobierno ante los indicios que afectaban a Ábalos fue inmediata. López ha contrapuesto esta actuación con la del Partido Popular, al que ha acusado de «proteger y amparar» la situación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «El que la hace la paga, se llame Ábalos o se llame Ayuso», ha manifestado el ministro.

En su intervención, López ha hecho una defensa cerrada de la política y de las instituciones del Estado. Ha señalado que, si bien existen casos de corrupción que deben ser perseguidos, la «inmensa mayoría» de los responsables públicos desempeñan su labor con honestidad. Del mismo modo, ha extendido esta valoración al poder judicial, reconociendo el «excelente trabajo» de la mayoría de los jueces, a pesar de los comportamientos individuales que puedan desviarse de dicha norma.

Por su parte, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha evitado entrar en el análisis pormenorizado de la sentencia referente al comisionista Víctor de Aldama, apelando al respeto estricto a la separación de poderes. Saiz ha declinado comentar la suspensión de la pena de Aldama por su colaboración con la justicia y ha restado trascendencia a las declaraciones del comisionista contra el presidente del Gobierno, apuntando que el propio marco judicial acredita que ciertas afirmaciones «no responden a la realidad».

La portavoz también ha clarificado la diferencia entre las medidas de gracia, como el indulto concedido en su momento al denunciante de la trama Gürtel, José Luis Peñas, y las atenuantes judiciales aplicadas en el caso actual. Según ha explicado Saiz, mientras que el indulto es una decisión del Ejecutivo tras la tramitación de un expediente, las atenuantes son decisiones exclusivas de los jueces en el ejercicio de su potestad. «Cada uno de los poderes tiene su procedimiento y su actuación», ha zanjado.

Finalmente, el Gobierno ha hecho un llamamiento al Partido Popular para que apoye las medidas legislativas contra la corrupción impulsadas por el Ejecutivo. La ministra Saiz ha criticado lo que considera una postura «hipócrita» por parte de Alberto Núñez Feijóo, al que ha instado a pasar de la crítica desde una «atalaya moral» a la aprobación efectiva del plan nacional contra la corrupción que se tramita en las Cortes Generales.