El Grupo Popular exige explicaciones a Carlos Martínez tras el registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria
El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León ha solicitado formalmente una «respuesta pública e inmediata» al secretario autonómico del PSOE y actual portavoz parlamentario, Carlos Martínez. La petición se produce tras el registro llevado a cabo por la Guardia Civil en las dependencias del Ayuntamiento de Soria, en el marco de una investigación por presuntos delitos contra la Administración pública, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
A través de un comunicado emitido este lunes, la formación popular ha subrayado la «gravedad institucional» de los hechos investigados. El Ayuntamiento de Soria ha estado bajo gestión del Partido Socialista durante casi veinte años, siendo Carlos Martínez el alcalde de la ciudad hasta el pasado mes de abril, cuando renunció al cargo para incorporarse como procurador en el parlamento autonómico.
Desde el Grupo Popular se ha señalado que la gestión del dirigente socialista al frente del consistorio soriano ha estado rodeada de controversias previas, haciendo alusión a la adjudicación de contratos a familiares directos. Según el comunicado, esta situación exige una aclaración transparente ante los ciudadanos de Soria y del conjunto de Castilla y León.
«El señor Martínez tiene la obligación de dar explicaciones en su triple condición de secretario general del PSOE regional, exalcalde de Soria y portavoz del grupo socialista en estas Cortes», han aseverado los populares. La formación parlamentaria sostiene que «el silencio no es una opción viable» y que la relevancia de los presuntos delitos investigados requiere una comparecencia detallada sobre lo ocurrido.
La intervención de la Guardia Civil se produce en un contexto de máxima atención política en la Comunidad, donde el Grupo Popular insiste en que el secretario regional del PSOE no puede eludir sus responsabilidades públicas sin ofrecer una explicación «clara y completa» que garantice la transparencia institucional debida a la ciudadanía.
Por el momento, la investigación judicial continúa su curso bajo las directrices de las autoridades competentes, mientras el arco parlamentario autonómico permanece a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del líder socialista tras los requerimientos efectuados por la oposición.
