El Tribunal Supremo requiere los movimientos bancarios de ‘Se Acabó La Fiesta’ en la investigación a Alvise Pérez
El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, ha solicitado formalmente los movimientos bancarios y la contabilidad detallada de la agrupación de electores ‘Se Acabó La Fiesta’ (SALF). Esta diligencia se enmarca en la causa penal por presunta financiación ilegal que afecta al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, tras la reciente suspensión de su inmunidad parlamentaria por parte del Parlamento Europeo.
A través de un auto judicial, el magistrado ha accedido a las diligencias solicitadas por la acusación popular, ejercida por el PSOE, en relación con la entrega de 100.000 euros en efectivo por parte del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo al dirigente de SALF. El instructor requiere específicamente al representante legal de la formación la presentación de los libros de tesorería, balances, inventarios, estados de ingresos y gastos, así como los justificantes de pago utilizados para sostener la campaña electoral de las elecciones europeas de 2024.
Como parte de la investigación técnica, el Tribunal Supremo ha emplazado a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para que elabore un informe pericial sobre el tráfico de las denominadas ‘wallets’ o carteras digitales creadas por los investigados. Esta medida tiene como objetivo esclarecer el flujo de activos digitales y su posible vinculación con la estructura financiera de la agrupación de electores.
Asimismo, el juez Sánchez Melgar ha instado al Tribunal de Cuentas a remitir toda la documentación y los informes de fiscalización disponibles sobre la actividad económica de SALF durante los comicios del pasado mes de junio. Aunque la acusación había solicitado una investigación patrimonial exhaustiva a través del Punto Neutro Judicial y la toma de declaración inmediata de los investigados, el magistrado ha determinado que dichas medidas quedarán supeditadas al resultado de las diligencias documentales y contables ahora acordadas.
Este procedimiento por presunta financiación irregular es una de las seis causas que el alto tribunal mantiene abiertas contra Luis ‘Alvise’ Pérez. Entre el resto de investigaciones que afectan al eurodiputado se encuentran presuntos delitos de acoso a magistrados y eurodiputados, amenazas a cargos públicos, la difusión de documentos sanitarios falsos y presuntos desórdenes públicos derivados de mensajes que incitaban al colapso de infraestructuras durante protestas agrarias.
La decisión del instructor se produce tras confirmarse el suplicatorio concedido por la Eurocámara, lo que permite al Tribunal Supremo proceder con las actuaciones judiciales contra el aforado. El desarrollo de la instrucción busca determinar si la recepción de fondos por parte de Romillo constituyó una infracción de la normativa vigente sobre financiación de partidos políticos y agrupaciones de electores.
