El Gobierno y la Junta de Andalucía cruzan críticas por la ausencia de avisos ‘Es Alert’ en el incendio de Almería
El incendio forestal declarado este pasado jueves en la localidad de Los Gallardos (Almería), que se ha cobrado la vida de al menos doce personas, ha desencadenado una fuerte controversia política entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. El núcleo de la disputa reside en la decisión de la administración autonómica de no activar el sistema de avisos masivos a teléfonos móviles, conocido como ‘Es Alert’, durante el desarrollo de la emergencia.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, han cuestionado públicamente la gestión de la Junta a través de sus perfiles institucionales. Ambos representantes han señalado la falta de una alerta temprana por vía telemática como un elemento crítico en la respuesta ante el siniestro, mientras que la administración andaluza ha justificado la medida basándose en criterios técnicos y de operatividad sobre el terreno.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha explicado tras su visita al puesto de mando avanzado en Turre que la decisión de no emplear el ‘Es Alert’ respondió a la necesidad de evitar la desinformación. Según Moreno, los técnicos advirtieron de que un mensaje único podría generar confusión entre la población, ya que las instrucciones variaban según la ubicación: mientras que en algunos puntos se requería el confinamiento, en otros era necesaria la evacuación por rutas específicas y diferenciadas.
Asimismo, el mandatario autonómico ha aludido a dificultades técnicas relacionadas con la infraestructura de comunicaciones. Moreno ha señalado que la cobertura del sistema no abarca la totalidad de los rincones de la zona afectada y que, durante el incendio, se registró la caída de la conexión telefónica en tres puntos base, lo que habría dificultado la recepción efectiva de cualquier mensaje masivo por parte de los ciudadanos en situación de riesgo.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido la eficacia del protocolo manual ejecutado por las autoridades locales. Sanz ha sostenido que el contacto «vecino por vecino» realizado por el Ayuntamiento de Los Gallardos, con el apoyo de la Guardia Civil y la Policía Local, resultó más operativo dadas las circunstancias del terreno, incidiendo en que este sistema de aviso directo garantiza que las instrucciones de seguridad sean comprendidas y atendidas.
La tensión política ha escalado tras las manifestaciones del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, quien desde los cursos de verano de la Universidad Complutense ha reclamado una mayor inversión estatal en servicios públicos de prevención de tragedias. Estas declaraciones han motivado una réplica inmediata del ministro Óscar Puente, quien ha atribuido la responsabilidad de la gestión y de los recursos antiincendios a las competencias autonómicas, calificando de «nefasta» la actuación de la Junta ante la ausencia de alertas digitales.
Este cruce de reproches se produce mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona y se mantiene el balance de doce víctimas mortales. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, también ha intervenido en el debate para criticar el tono empleado por los miembros del Gobierno central en un contexto de luto regional, mientras que el PSOE insiste en exigir responsabilidades por la gestión de la protección civil en la comunidad.
