El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, toma declaración este jueves en calidad de investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas. La comparecencia se produce en el marco de las diligencias previas del denominado «caso Leire Díez», que investiga una presunta trama dedicada a interferir en causas judiciales que afectan a miembros del Gobierno y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
A ambos altos cargos se les atribuyen presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. La citación de Mercedes González tiene su origen en diversos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que documentan al menos tres encuentros presenciales con la exmilitante socialista Leire Díez. Según la tesis del instructor, Díez habría coordinado una estructura orientada a obstaculizar investigaciones de la policía judicial, presuntamente bajo el liderazgo estratégico del exdirigente socialista Santos Cerdán.
Los informes técnicos de la UCO señalan reuniones mantenidas entre González y Díez en fechas específicas de 2024 y 2025. Los investigadores sostienen que Díez pudo haber utilizado su relación personal con la directora general para instigar la apertura de actuaciones administrativas e investigaciones internas dirigidas específicamente contra los agentes de la UCO. El objetivo, según el sumario, sería ejercer un control sobre el desarrollo de las pesquisas que afectaban a intereses políticos.
Por su parte, Mercedes González ha negado de forma reiterada cualquier interferencia en las funciones de la policía judicial. En sede parlamentaria, el pasado mes de mayo, la directora general defendió que sus encuentros con Díez se enmarcaban en una relación personal previa a sus actuales cargos y que en ningún momento se abordaron detalles de investigaciones en curso. No obstante, reconoció que Díez planteó en una ocasión la reubicación de un mando investigado en el caso Koldo, propuesta que, según la versión de González, fue rechazada de inmediato.
En cuanto al director adjunto operativo, Manuel Llamas, su imputación deriva de las revelaciones realizadas por el antiguo jefe de la UCO, Rafael Yuste. Según el testimonio recabado por los investigadores, Llamas habría ejercido presiones para que la unidad adoptara una postura de neutralidad o inhibición —descrita como «ponerse de perfil»— en la investigación judicial relativa a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado la investigación sobre el DAO al considerar que las acciones descritas podrían haber tenido la finalidad de generar un «efecto desaliento» en los agentes encargados de las diligencias penales. El Ministerio Público sostiene que la apertura sucesiva de expedientes de información reservada contra miembros de unidades especializadas podría comprometer la independencia necesaria para el ejercicio de las funciones de auxilio judicial.
La jornada judicial de este jueves se considera determinante para el avance de la instrucción, ya que busca esclarecer si existió una estrategia coordinada desde la cúpula del Instituto Armado y sectores vinculados al partido en el Gobierno para monitorizar o neutralizar los procedimientos judiciales de mayor sensibilidad política en la actualidad.
