Acciona confirma ante la Audiencia Nacional el pago de 1,9 millones a la empresa vinculada a Santos Cerdán
La constructora Acciona ha acreditado ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional el abono de 1,9 millones de euros a Servinabar, mercantil vinculada al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Los pagos se realizaron a través de la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida para la ejecución de una obra pública de infraestructuras en la comunidad de La Rioja.
En un escrito remitido al magistrado instructor Ismael Moreno, la defensa de Acciona reconoce que Servinabar emitió facturas por el citado importe a la UTE Variante de Logroño. Dicha alianza empresarial fue la adjudicataria de los trabajos de construcción de la Autovía A-68, específicamente en el tramo comprendido entre Arrúbal y Navarrete, proyecto que se encuentra bajo investigación en el marco del denominado ‘caso Koldo’.
La documentación aportada por la compañía responde a un requerimiento judicial e incluye la totalidad de las facturas emitidas, así como albaranes, partes de trabajo y registros de jornada del personal de Servinabar. Esta última sociedad está administrada por Antxon Alonso, socio de Cerdán, y su participación en el proyecto riojano es uno de los puntos clave en las pesquisas sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Además de los registros contables, Acciona ha entregado al juzgado controles de presencia, horas trabajadas por los empleados de la subcontrata, vehículos utilizados y correos electrónicos intercambiados con el técnico superior asignado por Servinabar para la ejecución de la obra. Estos elementos probatorios buscan esclarecer la naturaleza real de los servicios prestados y determinar si los pagos corresponden a trabajos efectivamente realizados o si forman parte de la estructura de presuntos amaños investigada.
El procedimiento judicial, que mantiene a diversos exdirectivos de la constructora bajo investigación tras los registros practicados en sus sedes, analiza una supuesta trama de adjudicaciones a cambio de comisiones. La causa continúa su curso en la Audiencia Nacional con el objetivo de delimitar las responsabilidades penales de los imputados, entre los que se encuentran el exasesor ministerial Koldo García y otros antiguos altos cargos del departamento de Transportes.
