Cuestionan la transparencia en la redacción de las subvenciones otorgadas por la AECID

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, se encuentra en el centro del debate parlamentario y técnico debido a la falta de concreción en las convocatorias de sus ayudas públicas. Diversos sectores señalan que el uso de terminología abstracta en las resoluciones de subvenciones dificulta la fiscalización de los fondos y la vinculación objetiva entre los proyectos y las cuantías asignadas.

El caso más reciente, registrado el pasado 2 de febrero, corresponde a una partida de 500.000 euros adjudicada a la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) dentro del programa «Euroclima 2025». El objeto de la subvención se define como la «elaboración de un balance de energía útil» en Bolivia. Según la documentación analizada, los productos finales de este proyecto consisten principalmente en informes técnicos, talleres de capacitación y programas de documentación sobre eficiencia energética.

La controversia institucional reside en la diferencia entre las descripciones de los proyectos y su ejecución material. Expertos en transparencia advierten que, a diferencia de otras etapas administrativas donde se detallaban costes de infraestructuras o suministros tangibles, las convocatorias actuales recurren a fórmulas como «gestión resiliente y ecosostenible», «enfoque de género» o «empleos verdes digitalizados». Estos términos, según las denuncias recogidas, no permiten identificar con claridad los costes operativos específicos, como salarios, dietas, viajes o adquisición de bienes.

En el ejemplo específico del balance energético en Bolivia, aunque la actividad cuenta con el logotipo oficial de la cooperación española y está reconocida por el ente receptor, no se han hecho públicos los desglose de facturas ni los costes concretos de cada fase de ejecución. Esta opacidad en la terminología administrativa es señalada por observadores como un riesgo para el control del erario, al no existir una contraprestación física o un inventario de objetos adquiridos o donados que justifiquen el desembolso de medio millón de euros.

El cuestionamiento de estos procedimientos pone el foco en la necesidad de una mayor claridad en el Ministerio que dirige José Manuel Albares. La crítica se centra en que la «imaginativa» redacción de los proyectos de cooperación podría estar sirviendo de pantalla para ocultar la trazabilidad real del dinero público, impidiendo que tanto la ciudadanía como los órganos de control puedan verificar el destino final y la utilidad real de las transferencias internacionales.

La AECID, por su parte, mantiene su política de cooperación basada en marcos estratégicos alineados con los objetivos internacionales, si bien la presión por una reforma en la transparencia de sus convocatorias continúa creciendo en el ámbito de la fiscalización pública.