miércoles, junio 24, 2026
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Alcalde de Soria admite conocer el registro un día antes

El alcalde de Soria admite haber recibido un aviso previo al registro de la Guardia Civil

El alcalde de Soria, Javier Antón, ha reconocido este miércoles ante los portavoces de los grupos municipales que el Ayuntamiento tuvo conocimiento previo de la operación policial desarrollada el pasado martes. Según han confirmado representantes del Partido Popular y Vox tras la Junta de Portavoces, el regidor admitió que la administración local recibió una comunicación el lunes, en torno a las 13:00 horas, informando sobre el registro que la Guardia Civil practicaría al día siguiente en las dependencias municipales.

La reunión informativa se produce tras una jornada marcada por el registro del consistorio y la detención de siete personas, entre ellas la hasta ayer concejala de Medio Ambiente y Turismo, Yolanda Santos. La investigación, dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, se centra en presuntas irregularidades en la contratación pública y abarca delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Desde el Partido Popular se ha formalizado una solicitud de información para esclarecer las circunstancias de esta comunicación previa. El grupo de la oposición demanda conocer la identidad del emisor y del receptor de la alerta, la vía por la cual se produjo el contacto y las medidas que se adoptaron en el Ayuntamiento durante las horas anteriores a la llegada de los agentes judiciales. Los populares sostienen que estas explicaciones son necesarias para garantizar la transparencia institucional y no interfieren en el secreto de las diligencias.

Fuentes de Vox han ratificado la versión ofrecida por el alcalde en la reunión, señalando que la información sobre la intervención judicial estaba en manos del equipo de gobierno desde el mediodía del lunes. Por su parte, el Ayuntamiento de Soria ha optado por la prudencia institucional y ha evitado realizar declaraciones oficiales sobre el contenido de la Junta de Portavoces, apelando a la necesidad de preservar el secreto de sumario decretado por el juzgado que instruye la causa.

Los siete detenidos en el marco de esta operación se encuentran actualmente en libertad, aunque con la obligación legal de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. La causa continúa bajo estricta reserva mientras se analizan los expedientes y el material informático intervenido durante el registro de las dependencias municipales, en un caso que ha generado una profunda crisis política en la capital soriana.

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