La Junta de Andalucía exige declarar «profesión de riesgo» a las fuerzas de seguridad ante el narcotráfico

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha reclamado formalmente al Gobierno de la Nación que se otorgue la consideración de «profesión de riesgo» a los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Durante una comparecencia en Tarifa (Cádiz), el representante autonómico instó al Ejecutivo central a priorizar la lucha contra el narcotráfico mediante un refuerzo integral de las capacidades operativas y de los recursos destinados a los agentes.

Sanz subrayó la necesidad de superar lo que calificó como una situación de «abandono» hacia los efectivos que operan en las zonas más conflictivas. En su propuesta institucional, el vicepresidente andaluz incluyó no solo a la Policía Nacional y la Guardia Civil, sino también al Servicio de Vigilancia Aduanera y a los funcionarios de prisiones, argumentando que este reconocimiento jurídico permitiría mejorar sustancialmente sus condiciones laborales y sus capacidades de respuesta ante el crimen organizado.

Dentro de la batería de medidas propuestas, el consejero abogó por una reforma del marco penal que endurezca las sanciones por agresiones sufridas por los agentes en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, Sanz propuso que estos ataques sean categorizados bajo la figura de «delito europeo», buscando así una protección jurídica armonizada y robustecida en el ámbito de la Unión Europea para quienes combaten las mafias transnacionales.

El vicepresidente andaluz recordó su experiencia previa como delegado del Gobierno de España en la comunidad autónoma para poner en valor la labor de los efectivos policiales. Según Sanz, la declaración de profesión de riesgo no es solo una cuestión de estatus, sino una herramienta necesaria que conlleva derechos y condiciones específicas para garantizar la seguridad de quienes «se juegan la vida para salvar la de otros».

Esta reivindicación se produce en un contexto de creciente presión sobre los dispositivos de seguridad en el Campo de Gibraltar y otras áreas afectadas por el narcotráfico, donde las autoridades regionales demandan una mayor dotación de medios técnicos y humanos para contrarrestar la creciente agresividad de las organizaciones criminales en la frontera sur de Europa.