El Arzobispado de Toledo confirma que mantiene una asignación económica al sacerdote condenado por abusos
El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ratificó este martes que la institución mantiene una asignación económica destinada al sacerdote de Talavera de la Reina condenado a ocho años y medio de prisión por abusos sexuales continuados a una menor. Según explicó el prelado en rueda de prensa, estos fondos tienen como finalidad facilitar el pago de la indemnización civil a la víctima y cubrir las costas judiciales derivadas del proceso ratificado por el Tribunal Supremo.
Cerro precisó que la Iglesia toledana está «cumpliendo total y absolutamente toda la normativa» en relación con el clérigo, quien se encuentra actualmente en un centro penitenciario cumpliendo condena por hechos ocurridos entre los años 2010 y 2014. El arzobispo subrayó que, a pesar de la condena judicial, el individuo mantiene su condición de sacerdote y, por tanto, recibe asistencia de la diócesis, aunque puntualizó que esto no implica un respaldo a sus acciones.
Por su parte, el ecónomo diocesano del Arzobispado de Toledo, Anastasio Gómez, detalló el carácter de esta prestación económica. Según Gómez, no se trata de una «nómina», sino de una «asignación mínima y básica». Esta cuantía técnica fue solicitada por el propio sacerdote con el objetivo de poder sufragar la reparación económica de la víctima, un aspecto que el Arzobispado considera «fundamental» dentro del proceso de ejecución de la sentencia.
Durante la comparecencia, las autoridades eclesiásticas recordaron que, en el proceso canónico interno realizado previamente por la Iglesia, el sacerdote fue considerado inocente. No obstante, ante la firmeza de la sentencia civil, el ecónomo insistió en que la prioridad actual de la institución es la reparación del daño. «Hemos puesto a la víctima en el centro para la reparación total económica y también en la línea de que la dirección letrada de la víctima pueda cobrar todo lo que manifiesta la sentencia», afirmó Gómez.
Finalmente, el Arzobispado calificó la situación como un tema «muy delicado» y defendió su gestión alegando que han actuado en coordinación con la dirección jurídica del condenado para asegurar que los compromisos financieros dictados por la Justicia se cumplan de manera efectiva. El arzobispo Cerro concluyó reiterando que la voluntad de la diócesis ha sido siempre ajustarse a los requerimientos del sistema judicial español.
