Pardo de Vera cuestiona ante la Audiencia Nacional el rigor técnico del informe de la IGAE sobre ADIF

La expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional en el que impugna la validez y el «rigor» del reciente informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). En el documento de su defensa, se rechazan las conclusiones del organismo fiscalizador que señalaban posibles irregularidades y un incremento del 20 % en el presupuesto de diversas obras públicas adjudicadas durante su gestión, en el marco de una pieza separada del denominado «caso Koldo».

El informe de la IGAE, remitido al magistrado Ismael Moreno, analiza once adjudicaciones de obra pública bajo la sospecha de presuntas irregularidades. Los técnicos de la Intervención pusieron especial énfasis en tres proyectos adjudicados a la mercantil Acciona que registraron modificados presupuestarios cercanos al límite legal del 20 %. Según el organismo fiscalizador, estas variaciones habrían incumplido la normativa sobre modificaciones contractuales y carecerían de la motivación técnica necesaria en la asignación de puntuaciones.

La defensa de Pardo de Vera sostiene que las conclusiones de la IGAE se basan en «hipótesis interpretativas o valoraciones retrospectivas» que no cuentan con el respaldo de un análisis técnico alternativo. El escrito remitido al juzgado argumenta que el informe carece de valor para invalidar las decisiones de los órganos de contratación de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, al considerar que las sospechas de arbitrariedad no vienen acompañadas de pruebas que acrediten un acceso anticipado a la información o una manipulación de los sobres de licitación.

Entre los proyectos bajo examen se encuentran el soterramiento de las estaciones de Barriomar y Nonduermas en Murcia, el cubrimiento de las vías en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) y el tramo Pulpí-Vera del Corredor Mediterráneo en Almería. La representación legal de la exdirectiva recalca que para sostener que una adjudicación estuvo predeterminada es necesaria una acreditación jurídica sólida y no una «sospecha retrospectiva» sobre el juicio de valor emitido por los técnicos en su momento.

Esta impugnación se produce en un momento procesal clave, mientras la Audiencia Nacional avanza en la investigación de una red que implica a empresarios y antiguos altos cargos de la administración, incluidos el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García. Paralelamente a esta pieza de obra pública, Pardo de Vera mantiene su citación como testigo ante el Tribunal Supremo en la causa relativa a la contratación de mascarillas durante la crisis sanitaria.

La resolución de esta controversia técnica será determinante para el devenir de la instrucción, que busca esclarecer si existieron criterios de favoritismo en la gestión de infraestructuras ferroviarias y de carreteras, o si, por el contrario, los incrementos de costes y las adjudicaciones se ajustaron a los cauces administrativos y técnicos previstos por la ley de contratos del sector público.