La Audiencia Nacional suspende el pago de 152,4 millones de euros de Repsol por el gravamen energético

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha acordado la suspensión cautelar del pago de 152,4 millones de euros que la compañía Repsol debía abonar en relación con el gravamen temporal energético de 2023. La decisión judicial se produce a la espera de que se resuelva el recurso interpuesto por la energética contra el impuesto extraordinario aprobado por el Gobierno en el marco de la crisis de precios de la energía.

En el auto judicial, los magistrados estiman la medida cautelar solicitada por la compañía al considerar que la ejecución inmediata del pago podría generar perjuicios de difícil reparación para el devenir del procedimiento. El tribunal argumenta que una eventual sentencia estimatoria en el futuro no eliminaría plenamente los efectos derivados de un desembolso de tal magnitud en este momento del proceso.

Asimismo, la sala subraya que la suspensión no supone una perturbación grave de los intereses generales, puesto que el crédito de la Hacienda Pública se encuentra debidamente asegurado. Repsol ha aportado un aval bancario que garantiza la cuantía adeudada, permitiendo que el Estado tenga asegurado el cobro en caso de que el recurso sea finalmente desestimado.

Por su parte, la Abogacía del Estado no mostró oposición a la concesión de esta medida cautelar, condicionando su postura exclusivamente a la acreditación y suficiencia de las garantías presentadas por la empresa. De este modo, la deuda tributaria permanecerá suspendida durante la tramitación del litigio principal sobre la legalidad del gravamen.

El gravamen temporal energético fue aprobado por el Ejecutivo a finales de 2022 con el objetivo de gravar los beneficios extraordinarios de las grandes compañías del sector. La normativa establecía un tipo del 1,2 % sobre el importe neto de la cifra de negocios de las empresas eléctricas, gasistas y petroleras con una facturación superior a los 1.000 millones de euros, excluyendo los ingresos regulados y los obtenidos fuera del territorio nacional.

Este impuesto ha sido objeto de debate parlamentario reciente. A comienzos de 2025, el Congreso de los Diputados rechazó la convalidación del real decreto ley que pretendía prorrogar la vigencia de este gravamen para el ejercicio actual, tras no alcanzar el Gobierno los apoyos necesarios entre sus socios parlamentarios. Según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, la recaudación total obtenida a través de esta figura tributaria ascendió a 2.800 millones de euros durante su periodo de aplicación efectiva.