Australia endurece su política migratoria con el objetivo de reducir el saldo neto a 225.000 personas en 2028
El Gobierno de Australia anunció este jueves un nuevo paquete de medidas destinado a restringir la migración neta anual, con especial énfasis en el sector de los estudiantes internacionales. El plan proyecta una reducción progresiva de las entradas al país, con la meta de situar el saldo migratorio en 225.000 personas para el año 2028, frente a las cerca de 300.000 actuales.
El ministro del Interior, Tony Burke, detalló las reformas durante una comparecencia en el Club Nacional de Prensa en Camberra. Burke defendió la importancia histórica de la inmigración para el desarrollo nacional, aunque subrayó la necesidad de implementar una gestión «más selectiva». Según el titular de Interior, la nueva estrategia busca un mayor control sobre quién accede al territorio australiano, quién permanece en él y bajo qué condiciones debe producirse la salida de los ciudadanos extranjeros.
De acuerdo con los datos más recientes de la Oficina Australiana de Estadística (ABS), la migración neta —la diferencia entre llegadas y salidas— se situó en 292.100 personas en el último registro de marzo. Esta cifra representa un descenso significativo respecto al récord histórico alcanzado tras la pandemia, cuando el país recibió a 518.000 personas entre 2022 y 2023. El Ejecutivo laborista pretende rebajar esta cifra a 245.000 en el presente ejercicio fiscal y consolidar el descenso hasta las 225.000 anuales en el periodo 2027-2028.
Restricciones a estudiantes y control de visados
Una de las medidas centrales del paquete regulatorio es la limitación de la entrada de familiares de estudiantes internacionales. Si bien el Gobierno no ha establecido una reducción directa en el cupo de matrículas para estudiantes extranjeros, la restricción para que estos viajen acompañados de personas dependientes busca reducir indirectamente el volumen total de residentes asociados a estos visados.
Asimismo, la reforma contempla un endurecimiento en la vigilancia de los titulares de visados temporales que exceden su periodo de estancia una vez cumplido su propósito inicial. El Ejecutivo también ha anunciado mecanismos para dificultar el encadenamiento sucesivo de visados, una práctica utilizada habitualmente para prolongar la permanencia legal en el país sin un cambio de estatus laboral o residencial definido.
Vía regulatoria y contexto económico
La implementación de estos cambios se llevará a cabo principalmente mediante modificaciones administrativas y regulatorias en las condiciones de los visados. Esta decisión se produce tras meses de negociaciones infructuosas entre el Gobierno laborista y la oposición conservadora para tramitar una nueva legislación en el Parlamento australiano. Ante la falta de consenso legislativo, Burke ha optado por ajustar las prioridades de tramitación y ralentizar procesos como el visado «Work and Holiday».
En el ámbito económico, estas medidas se suman al incremento de las tasas de solicitud de visados aplicado el pasado 1 de julio. El coste para los estudiantes internacionales aumentó un 125 %, pasando de 710 a 1.600 dólares australianos (aproximadamente 990 euros). Este encarecimiento busca desincentivar solicitudes de corta duración y asegurar que los aspirantes cuenten con la solvencia necesaria para su estancia.
Finalmente, el anuncio gubernamental tiene lugar en un clima de creciente debate político sobre la capacidad de absorción del país. Partidos como el nacionalista One Nation han presionado recientemente por recortes aún más drásticos, proponiendo situar la migración neta en 130.000 personas anuales, lo que sitúa la gestión migratoria como uno de los ejes centrales de la agenda pública australiana de cara al próximo ciclo electoral.
