El Gobierno de Madrid califica de «ataque al interés general» el recurso estatal contra la ley de acción popular
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles la decisión del Gobierno de España de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica que regula la acción popular. Según el portavoz regional, esta medida supone un intento de limitar una figura jurídica que permite a la administración autonómica defender el patrimonio público y el interés general en diversos procesos judiciales.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García Martín ha vinculado la impugnación ante el Tribunal Constitucional a una estrategia del Ejecutivo central para restar capacidad de actuación a la Comunidad de Madrid. El consejero ha sostenido que la figura de la acusación popular ha resultado determinante en causas que afectan al entorno del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sugiriendo que el recurso busca evitar la fiscalización jurídica de la administración regional en eventos de relevancia ciudadana.
La postura del Gobierno regional se produce después de que el Consejo de Ministros anunciara la impugnación de la normativa madrileña al considerar que «invade competencias exclusivas» del Estado en materia de legislación procesal. Este movimiento del Gobierno central cuenta con el aval de un dictamen del Consejo de Estado, que aprecia «motivos suficientes de inconstitucionalidad» en el cuerpo legal desarrollado por el equipo de Isabel Díaz Ayuso.
No obstante, el portavoz madrileño ha defendido la validez de la norma alegando que la Comunidad de Madrid ya venía ejerciendo la acción popular en casos específicos, como los relativos a la violencia de género o el terrorismo, sin que se hubieran presentado conflictos competenciales hasta la fecha. García Martín ha subrayado que el objetivo es ampliar esta capacidad para proteger de forma efectiva el patrimonio histórico y natural de la región frente a posibles delitos.
Asimismo, desde la Puerta del Sol se ha señalado un posible agravio comparativo, argumentando que otras comunidades autónomas como Cataluña, la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla y León o Castilla-La Mancha disponen de normativas similares en sus ordenamientos. El consejero ha recordado que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre facultades análogas en otras regiones, lo que, a su juicio, dota de seguridad jurídica a la pretensión de Madrid de personarse en causas que afecten al orden público o a los bienes de todos los ciudadanos.
Finalmente, el Ejecutivo regional ha insistido en que continuará defendiendo la legitimidad de su ley ante el Tribunal Constitucional, calificando la actuación del Estado como una injerencia política que obstaculiza la defensa de los intereses generales de los madrileños en el ámbito judicial.
